El reciente desalojo del campamento Dignidad en La Florida reabre un debate complejo y necesario: ¿cómo equilibrar la seguridad, la planificación urbana y el derecho a la vivienda digna? Detrás de cada desalojo hay una historia de necesidad, pero también la confirmación de que el Estado llega tarde, sin respuestas sostenibles y con herramientas insuficientes para enfrentar una crisis que ya es estructural.
La «parte oscura» de los campamentos no solo se refiere a la precariedad material de las viviendas, sino también a la multiplicidad de riesgos que enfrentan sus habitantes: falta de agua potable, sistemas de saneamiento inexistentes, exposición a desastres naturales y, en muchos casos, la presencia de redes delictuales que se aprovechan de la vulnerabilidad social. En estos asentamientos, la informalidad se convierte en un modo de subsistencia, pero también en un espacio donde la inseguridad, la marginación y la falta de Estado se entrelazan.
Un Déficit Estructural que Exige Soluciones Integrales
El fondo del problema sigue siendo el mismo: un déficit habitacional que, de acuerdo con Déficit Cero, supera las 600 mil viviendas, impulsado por el encarecimiento del suelo, la fuerte migración y la falta de mecanismos flexibles de acceso. Las soluciones no pueden estar supeditadas a subsidios o planes de emergencia que, si bien permiten avanzar, no solucionan el tema de raíz.
Se requiere una política de vivienda y ciudad que incorpore la gestión del suelo urbano, el arriendo protegido, la regeneración de barrios y la industrialización de la construcción para aumentar la oferta oportuna y segura. Es importante que, a la hora de planificar las acciones, se piensen en estas dos variables para generar soluciones más integrales.
Más Allá de los Desalojos
Los desalojos visibilizan una urgencia, pero no la resuelven. Mientras sigamos actuando solo cuando el riesgo es inminente o cuando se evacuan los terrenos en toma, perpetuaremos un ciclo de precariedad y desarraigo. Si no avanzamos hacia una política habitacional sostenible, basada en evidencia, coordinación intersectorial y visión territorial, seguiremos enfrentando una crisis repetida.
El desafío no es solo construir más viviendas, sino fortalecer la institucionalidad y las herramientas de gestión del suelo, para evitar que la informalidad siga siendo la única alternativa para quienes quedaron fuera del mercado formal. Los campamentos no son una opción voluntaria: son el síntoma más visible de un modelo que ha perdido capacidad de respuesta y de anticipación.
