Los concejales de Temuco, en la región de La Araucanía, han presentado una denuncia ante la Contraloría General de la República por presuntas irregularidades en los tratos directos entre el municipio y la empresa de capacitación Paradigma Sur. Según acusan, esto habría permitido que la compañía se adjudicara licitaciones por un total de $700 millones en un período de tres años.
El caso está vinculado al exdirector de Aseo y Ornato, Gustavo Fuentes, quien, siendo parte de la Comisión Evaluadora, habría firmado una serie de documentos para conceder los contratos a Paradigma Sur, empresa que pertenece a Josué Bustamante, con quien mantendría una estrecha relación de amistad.
Tratos directos y licitaciones cuestionadas
Según los concejales de oposición Micaela Becker, Claudia Peñailillo, Estrella Quidel (PSC) y el republicano Pedro Greve, todo comenzó en 2022, cuando Paradigma Sur firmó 5 tratos directos con la Municipalidad de Temuco por 200 millones de pesos.
El edil Greve señaló que Gustavo Fuentes no se inhabilitó y que, a pesar de su amistad con el dueño de la empresa, firmó los documentos de todos modos. Además, los concejales cuestionan que los tratos directos se hayan realizado para trabajos como cortes de pasto y mantenimiento de áreas verdes, cuando este mecanismo está diseñado para situaciones de urgencia.
Pero eso no es todo. Después de los 5 tratos directos, la Municipalidad de Temuco abrió otras 5 licitaciones públicas que también ganó Paradigma Sur, pues contaba con la experiencia necesaria para cumplir las tareas que necesitaba contratar la administración comunal.
Crecimiento exponencial de la empresa
Otro dato que llama la atención de los concejales es la actividad que mostraba Paradigma Sur antes de firmar los tratos directos. En 2019, la empresa contaba con 0 empleados, pero tres años después ya tenía 59 trabajadores.
Según el abogado Sergio Zúñiga, quien asesora a los concejales, los tratos directos existen para celebrarse en episodios de urgencia, pero en este caso se utilizaron para trabajos rutinarios, lo que podría indicar un uso indebido de este mecanismo.
Los concejales esperan que la Contraloría General de la República investigue a fondo estas presuntas irregularidades y determine si hubo algún tipo de favoritismo o conflicto de intereses en la adjudicación de estos contratos millonarios.
