El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, salió en defensa de su par de Seguridad Pública, Luis Cordero, en medio de las acciones legales presentadas por el denominado «caso Bernarda Vera». Elizalde aseguró que estas denuncias se dan en un «marco electoral» y provienen de personas «que son declarados negacionistas«.
Recordemos que la controversia surgió tras conocerse que Vera —quien figuraba como detenida desaparecida durante la dictadura— estaría viviendo actualmente en Argentina. Ante esto, desde el Partido Nacional Libertario interpusieron una querella por «presunto fraude» contra Cordero, mientras que desde la UDI, el diputado Jorge Alessandri denunció una presunta comisión de delito al no haber informado oficialmente la supuesta aparición de Vera, lo que habría permitido que su familia siguiera recibiendo beneficios estatales.
Respaldo a la búsqueda de detenidos desaparecidos
En diálogo con radio Infinita, Elizalde respaldó el trabajo del Plan Nacional de Búsqueda, cuyo objetivo es «saber cuál es el paradero de los detenidos desaparecidos«. Además, aclaró que «este caso no puede implicar cuestionar una verdad que no puede ser puesta en duda, (…) que es la existencia lamentable, dramática y dolorosa de los detenidos desaparecidos, más de 1.000 todavía que se desconoce su paradero».
El ministro reiteró su respaldo a Cordero, explicando que «la información se entrega cuando se recibe la información desde Suecia. Porque usted puede tener una duda, pero cuando hay una confirmación de una información, ahí se entrega y se entregó un plazo relativamente acotado». Así, afirmó que «el ministro Cordero fue diligente y, lo más importante, comprometido con el esclarecimiento de estos hechos».
Acusaciones de «negacionismo»
Finalmente, Elizalde acusó que «estas denuncias y estas querellas se dan en el marco electoral. En algunos casos, por personas que son declarados negacionistas o incluso defensores de violadores a los derechos humanos».
Asegurando que «lo que pretende finalmente es ponerse en tela de juicio lo que fueron las violaciones de derechos humanos en nuestro país», Elizalde afirmó que estas denuncias «no tienen ningún fundamento jurídico, ninguno».
