En un golpe a la confianza pública, el Ministerio de Seguridad Pública se ha visto sacudido por un ciberataque que afectó las oficinas de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Nueve meses después de su entrada en vigor, esta institución clave para la seguridad ciudadana ha sido víctima de un incidente informático que ha dejado más preguntas que respuestas.
Según el comunicado emitido por la Subsecretaría, el «incidente informático» fue «contenido», pero la verdadera magnitud del ataque aún se desconoce. De hecho, se ha revelado que los servicios electrónicos de la Subsecretaría no han sido restaurados por completo, lo que genera una gran preocupación entre los parlamentarios.
Exigencia de Explicaciones
Ante este panorama, la diputada Gloria Naveillán, del Partido Nacional Libertario y miembro de la Comisión de Seguridad, ha exigido que se cite al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y a la subsecretaria Carolina Leitao, para que brinden explicaciones detalladas sobre el ciberataque.
Según Naveillán, este incidente demuestra que «en cualquier momento, el crimen organizado puede hackear al Gobierno«, lo que pone en tela de juicio la capacidad del Ejecutivo para proteger la información sensible bajo su custodia.
Recuperación de Información y Análisis Forense
De acuerdo con la información proporcionada, cerca de 40 computadores de la Subsecretaría fueron retirados para su análisis e intentar recuperar la información comprometida. La Agencia Nacional de Ciberseguridad y la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentran al tanto de los hechos y liderando las investigaciones.
Sin embargo, el hecho de que desde la propia cartera encargada de la seguridad no se haya logrado proteger la privacidad de sus propios documentos genera una profunda preocupación entre los ciudadanos y los representantes políticos.
Implicaciones y Lecciones Aprendidas
Este ciberataque pone de manifiesto la vulnerabilidad de las instituciones públicas ante las amenazas digitales, incluso aquellas encargadas de velar por la seguridad ciudadana. Es crucial que se realice un análisis exhaustivo de las brechas de seguridad y se implementen medidas robustas para prevenir futuros incidentes de esta naturaleza.
Además, la transparencia y la rendición de cuentas serán fundamentales para recuperar la confianza pública. Los ciudadanos merecen saber qué salió mal, cómo se está abordando el problema y qué se hará para evitar que vuelva a ocurrir.
Este ciberataque es un llamado de atención para que el Gobierno fortalezca su ciberseguridad y demuestre su capacidad para proteger la información sensible bajo su custodia. Solo así podrá mantener la credibilidad y la confianza de la población en los organismos encargados de velar por su seguridad.
