Un nuevo incidente de ciberseguridad ha puesto en jaque a las instituciones públicas de Chile. La madrugada del 11 de septiembre, funcionarios de la Subsecretaría de Prevención del Delito detectaron problemas de acceso a sus equipos y sistemas, lo que desencadenó la activación de protocolos de emergencia.
Tras la investigación inicial, se confirmó que se trataba de un ataque externo que buscaba secuestrar información mediante un software malicioso del tipo «ransomware». Este tipo de programa bloquea o secuestra los archivos de un sistema y luego exige un pago para liberarlos.
Autoridades descartan daños graves
Ante la situación, el ministro subrogante de Seguridad Pública, Rafael Collado, salió a aclarar que, pese a la denuncia y a la activación de protocolos, «los equipos no fueron afectados».
Para el exsubsecretario de Telecomunicaciones y experto en ciberseguridad, Pedro Huichalaf, este ataque no necesariamente significa que la Subsecretaría tenga una falla estructural en su seguridad. Explicó que este tipo de incidentes suelen aprovechar vulnerabilidades de software utilizados tanto por instituciones públicas como privadas.
Preocupación por acceso a información sensible
Sin embargo, para la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, la principal inquietud radica en la posibilidad de que un ataque de este tipo permita acceder a información especialmente sensible, como datos de Carabineros, la PDI, registros de delitos y antecedentes de municipios.
Una serie de ciberataques al Estado
Este episodio se suma a una serie de ciberataques que en los últimos años han golpeado a distintos organismos del Estado chileno. En 2022, el hackeo masivo al Estado Mayor Conjunto expuso miles de correos de Defensa; meses después, se detectó la filtración de correos del Ministerio de Justicia con datos sensibles de menores del Sename; y en 2023, más de 70 municipios vieron caídos sus portales web por un ataque coordinado. Más recientemente, el Instituto de Salud Pública también sufrió una vulneración que paralizó parte de sus servicios.
Estos incidentes ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer la seguridad digital de las instituciones públicas y proteger la información sensible que manejan. La respuesta oportuna y la implementación de medidas preventivas serán clave para evitar futuras amenazas y garantizar la confianza de la ciudadanía.
