La toma Calicheros de Quilpué, en la región de Valparaíso, se enfrenta a una inminente demolición ordenada por la justicia. En un esfuerzo por garantizar que el proceso se lleve a cabo sin incidentes, la abogada Jeanette Bruna, que representa a la familia del empresario Alejandro Correa —víctima de sicariato—, ha solicitado la presencia de un fiscal exclusivo durante la ejecución de la orden.
Bruna ha pedido una reunión con el fiscal nacional, Ángel Valencia, con el objetivo de asegurar que cualquier persona que permanezca o regrese al terreno sea detenida por el delito de usurpación en estado de flagrancia. Esto busca evitar que se produzcan nuevas ocupaciones ilegales del predio una vez que se haya llevado a cabo la demolición de las construcciones levantadas sin autorización.
Operativo de Demolición en Marcha
La Delegación Presidencial de Valparaíso continúa gestionando reuniones operativas con Carabineros, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el municipio de Quilpué para coordinar el inicio del proceso de demolición, que está programado para el próximo lunes 29 de septiembre y se extenderá durante un par de días.
Según el delegado Yanino Riquelme, el operativo se mantendrá en reserva, pero se ha confirmado que las primeras acciones de logística comenzarán en la fecha prevista.
Reclamos de los Ocupantes
Por su parte, Jazmín Durán, vocera de los vecinos de la toma Calicheros, ha indicado que están a la espera de la admisibilidad del recurso de protección presentado ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. La dirigente ha solicitado «mayor tiempo» para el desalojo, asegurando que hay familias que ya están desarmando sus construcciones.
Garantizando la Ejecución Segura
La abogada Bruna también ha exigido la presencia de un representante de la Fiscalía al inicio de la demolición, con el fin de garantizar la ejecución segura y ordenada del proceso. La familia Correa espera que la reunión con el fiscal nacional, Ángel Valencia, permita ratificar la presencia de un fiscal exclusivo durante la demolición.
Este caso pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las autoridades al abordar ocupaciones ilegales de terrenos, donde se busca equilibrar el respeto por la ley y los derechos de los propietarios legítimos, con la necesidad de brindar soluciones habitacionales adecuadas a las familias afectadas.
