En una investigación reveladora, se ha descubierto que 31 parlamentarios -30 diputados y 1 senador- de diversos sectores políticos habrían pagado por anuncios en redes sociales como Facebook e Instagram para promover sus propias candidaturas o criticar a sus adversarios, mucho antes del período legal permitido para hacer propaganda electoral.
Según el medio de investigación periodística Ciper, esta práctica habría ocurrido desde hace al menos cinco meses, infringiendo la ley chilena que establece restricciones claras sobre la publicidad política anticipada.
Propaganda Ilegal en Redes Sociales
Entre los parlamentarios señalados se encuentra el único senador de la lista, Juan Castro (Partido Social Cristiano, PSC), quien habría pagado por al menos tres avisos donde promueve su reelección y la candidatura presidencial de José Antonio Kast (Partido Republicano, PREP), usando hashtags como #JoséAntonioKastPresidentecl y #JuanCastroSenador.
En el otro extremo del espectro político aparece el diputado Jorge Brito (Frente Amplio, FA), quien fue uno de los más activos en estas campañas anticipadas, pagando por anuncios para favorecer a la candidata del oficialismo Jeannette Jara, etiquetados con #jarapresidenta y la consigna «Quedan menos de 100 días para las elecciones! ¡Jeannette Jara Presidenta!».
Defensa de los Parlamentarios
En su defensa, algunos parlamentarios argumentaron que estos posteos no constituían un «llamado al voto» explícito, sino más bien «declaratorias respecto a lo que queremos». Sin embargo, el Servicio Electoral (Servel) ha dejado claro que la propaganda electoral en redes sociales comprende tanto los mensajes a favor como en contra de candidaturas o partidos, siempre que tengan por objeto influir en el electorado.
Sanciones Pendientes
Según resoluciones previas del Servel, el llamado a votar no necesariamente debe ser explícito para que se considere propaganda anticipada y se apliquen las correspondientes sanciones. Ahora, el organismo deberá determinar si estos 31 parlamentarios infringieron la ley y aplicar las multas correspondientes.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de una mayor regulación y transparencia en el uso de redes sociales durante los procesos electorales, a fin de garantizar la equidad y la integridad del sistema democrático.
