En un giro inesperado, la Corte de Apelaciones de Antofagasta ha reanudado el proceso de desafuero contra el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego. Esta decisión se produce después de que la defensa de Orrego, integrada por los abogados Ciro Colombara, Rodrigo de la Barra y Cristián Riego, presentara una solicitud para inhabilitar al Juzgado de Garantía de Antofagasta por supuesta incompetencia.
La Corte de Apelaciones, en un fallo unánime, ha alzado la suspensión del proceso, argumentando que la decisión sobre la competencia del Juzgado de Garantía le corresponde a este mismo tribunal. Sin embargo, la Corte ha aclarado que podrá intervenir más adelante si la defensa de Orrego presenta algún recurso legal contra la resolución del Juzgado.
Caso ProCultura: Investigación en Curso
La reanudación del proceso de desafuero se enmarca en la investigación del Caso ProCultura, liderada por el fiscal regional Juan Castro Bekios. Esta investigación busca establecer si Orrego incurrió en los delitos de fraude al fisco y cohecho en relación con los convenios suscritos entre la fundación ProCultura y diversos gobiernos regionales del país.
Según lo informado, mañana a las 8:30 se realizará una audiencia de competencia en el Caso ProCultura, donde se resolverá sobre la competencia del Juzgado de Garantía para conocer de esta causa penal.
Estrategia de Defensa de Orrego
La defensa de Orrego, liderada por los abogados Ciro Colombara, Rodrigo de la Barra y Cristián Riego, ha presentado una solicitud para inhabilitar al Juzgado de Garantía de Antofagasta, argumentando supuesta incompetencia. Su objetivo es que la causa sea trasladada al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Esta estrategia legal busca evitar que el Juzgado de Antofagasta continúe con el proceso de desafuero y, en su lugar, que la causa sea conocida por un tribunal en la capital, posiblemente con la esperanza de obtener un resultado más favorable para el gobernador Orrego.
Implicaciones y Perspectivas
Desde una perspectiva económica, el Caso ProCultura y el proceso de desafuero de Orrego podrían tener importantes repercusiones en la gestión y el liderazgo de la Región Metropolitana. Si Orrego fuera destituido, se abriría una nueva etapa en la administración regional, con posibles cambios en las prioridades y políticas públicas.
Para los consumidores y ciudadanos de la región, esto significaría una incertidumbre sobre la continuidad de los programas y proyectos en curso, así como la posibilidad de que se produzcan retrasos o interrupciones en la ejecución de iniciativas clave.
En resumen, el caso ProCultura y el proceso de desafuero de Orrego siguen su curso, con la Corte de Apelaciones de Antofagasta reanudando la tramitación y el Juzgado de Garantía preparándose para resolver sobre su competencia. La defensa del gobernador metropolitano deberá presentar sus argumentos en los próximos pasos del proceso, mientras la comunidad regional espera con atención los desenlaces de esta compleja situación legal.
