La Cámara de Diputados de Chile se prepara para votar un proyecto que busca regular las pensiones vitalicias de los expresidentes de la República. Si bien el texto elimina algunas asignaciones especiales, no establece una edad mínima para recibir este beneficio. Esto ha generado un intenso debate, con posturas encontradas sobre si los exmandatarios deben tener este tipo de compensación, independientemente de su edad.
Según la información del Senado, actualmente estos montos ascienden a los 7 millones 300 mil pesos, que con los recortes de impuestos, salud y previsión, dejan un saldo de más de 5 millones 400 mil pesos. A ello se le suman las asignaciones adicionales por traslación y funcionamiento de oficinas, que bordean los 10 millones de pesos.
La Bancada de la UDI Busca Establecer una Edad Mínima
La bancada de la UDI buscará reponer una indicación para que la dieta vitalicia de los expresidentes comience a pagarse desde los 65 años, en sintonía con la edad de jubilación. Esto se debe a que, como señaló el diputado Gustavo Benavente, cuando el actual presidente Gabriel Boric termine su período, lo hará con tan solo 40 años.
Gobierno y Oficialismo se Oponen a Restricciones
Tanto desde el Gobierno como en el oficialismo se han opuesto a esta medida, señalando que «por la dignidad del cargo», los exmandatarios deben tener una dieta posterior. La diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, afirmó que no ve unión en la oposición para que prospere la indicación de la UDI.
¿Oportunismo o Necesidad de Reforma?
Por su parte, el abogado administrativo y académico de la Universidad Central, Sergio Fuenzalida, afirmó que la iniciativa de la UDI es una arremetida más bien oportunista. Sin embargo, el proyecto sí eliminó las asignaciones especiales y que el beneficio sea eliminado si es que el expresidente recibe algún ingreso adicional, sea de ámbito público o privado.
En definitiva, el debate sobre las pensiones vitalicias de los expresidentes en Chile continúa, con posturas encontradas sobre si este beneficio debe tener o no una edad mínima de acceso. La votación en la Cámara de Diputados será clave para determinar el futuro de esta polémica iniciativa.
