La reforma del sistema de pensiones en Perú ha desatado una ola de protestas y debates acalorados en todo el país. La nueva ley, recientemente aprobada por el Congreso, introduce una serie de cambios que han generado un rechazo generalizado entre los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Cientos de manifestantes se congregaron en las calles de Lima el fin de semana para expresar su descontento con las medidas propuestas, que incluyen el bloqueo del acceso a la totalidad del fondo acumulado por los afiliados y la extensión de la edad de jubilación anticipada. La policía tuvo que intervenir para contener los disturbios, utilizando gases lacrimógenos contra los manifestantes que lanzaban botellas y piedras.
Principales Cambios en la Reforma Previsional
La nueva ley introduce varias modificaciones clave al sistema de pensiones:
Bloqueo del Acceso a Fondos Acumulados
Bajo la nueva normativa, los afiliados menores de 40 años ya no podrán acceder al 95,5% de su fondo acumulado al momento de jubilarse, como era posible anteriormente. Esta opción quedará reservada únicamente para los trabajadores de mayor edad, cercanos al retiro.
Extensión de la Edad de Jubilación Anticipada
La edad mínima para la jubilación anticipada se ha extendido de 50 a 55 años, lo que significa que los trabajadores tendrán que esperar cinco años más para poder acceder a este beneficio.
Pensión Mínima Garantizada
La nueva ley establece una pensión mínima de 600 soles (aproximadamente $172 dólares) por 20 años de aportes. En caso de que el fondo acumulado por el afiliado no alcance este monto, el Estado completará la diferencia.
Aportes Obligatorios para Trabajadores Independientes
Uno de los cambios más controversiales es la introducción de un aporte obligatorio del 2% para los trabajadores independientes, que representan más del 70% de la Población Económicamente Activa en Perú. Esta medida entrará en vigor a partir del año 2028.
Impacto y Reacciones
Según cifras del Ministerio de Economía, un total de 2,3 millones de afiliados se han quedado sin fondos tras los consecutivos retiros parciales aprobados por el Congreso durante la pandemia. Si se aprueba un nuevo retiro, esta cifra se elevaría a 8,6 millones de afiliados sin saldo.
Las organizaciones de afiliados a las AFP, así como gremios laborales y estudiantiles, se han unido en rechazo a la nueva ley, argumentando que estas medidas ponen en riesgo la estabilidad financiera de los trabajadores y su acceso a una pensión digna en el futuro.
El Gobierno, por su parte, defiende la reforma como una necesidad para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y evitar que los afiliados se queden sin fondos para su jubilación. Sin embargo, la oposición y los manifestantes consideran que estas medidas son perjudiciales para los trabajadores y atentan contra sus derechos adquiridos.
La polémica en torno a la reforma previsional en Perú refleja la complejidad y los desafíos que enfrentan los sistemas de pensiones en la región, donde encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos de los trabajadores y la sostenibilidad financiera del sistema sigue siendo un reto constante.
