En un golpe devastador a la confianza pública, la Contraloría General ha descubierto graves irregularidades en el funcionamiento de una residencia familiar en Valdivia que atiende a menores en situación de vulnerabilidad. La investigación, que abarcó el período entre febrero de 2022 y octubre de 2024, reveló un panorama preocupante que ha obligado a las autoridades a tomar medidas urgentes.
La residencia Llacolén, administrada por la Fundación Niño y Patria, albergaba a 12 menores de entre 10 y 16 años. Sin embargo, el organismo fiscalizador encontró que la instalación operaba sin las autorizaciones necesarias en materia de agua potable, alcantarillado, electricidad, calefacción e incluso gas. Estas deficiencias en la infraestructura básica ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de los niños y adolescentes bajo su cuidado.
Fallas en la Documentación y Supervisión
Pero las irregularidades no se limitaban a las condiciones físicas de la residencia. La Contraloría también detectó graves fallas en la documentación y supervisión de los menores. No se encontraron evidencias de que se enviaran los informes trimestrales de avance a los Tribunales de Familia, ni los informes de Evaluación Integral o los planes de intervención individual, como exige la normativa.
Aún más alarmante, siete de los 11 menores registraban una asistencia escolar que fluctuaba entre el 0 y el 77 por ciento, lo que sugiere un abandono preocupante de su educación y desarrollo. Además, 10 de los niños y adolescentes habían sobrepasado el plazo máximo de 24 meses de permanencia en la residencia, lo que pone en duda la eficacia de los programas de reinserción y reintegración familiar.
Medidas de Emergencia y Sumario Administrativo
Ante estos hallazgos, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia ha activado una serie de medidas de emergencia. Se han realizado fiscalizaciones urgentes y se ha iniciado un proceso de acompañamiento para subsanar las deficiencias identificadas. Algunas situaciones, como la certificación eléctrica y de gas, la mejora en la red de alcantarillado y la habilitación de un gimnasio para los menores, ya han sido solucionadas.
Además, se ha procedido a la renovación del equipo técnico, el cambio de la dirección de la residencia y la instrucción de un sumario administrativo ordenado por la Contraloría. Estas acciones buscan restablecer la confianza y garantizar que los niños y adolescentes reciban el cuidado y la atención que merecen.
Este caso pone de manifiesto la importancia de una supervisión rigurosa y una rendición de cuentas efectiva en las instituciones encargadas de proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad. Solo a través de la transparencia y la responsabilidad podremos asegurar que los derechos y el bienestar de los menores sean salvaguardados de manera integral.
