La propuesta del Gobierno de expropiar 117 hectáreas de Villa Baviera ha generado un intenso debate político. Los diputados Paula Labra (IND-RN) y Hugo Rey (RN), ambos de la región del Maule, han salido al paso de los emplazamientos del presidente Gabriel Boric, quien acusó a parte de la derecha de obstruir el financiamiento de sitios de memoria.
Según Labra y Rey, una cosa es financiar sitios de memoria «acotados y justificados», y otra muy distinta es «propiciar un despilfarro de recursos públicos por cumplir un capricho político», como consideran que sería la expropiación de Villa Baviera.
Cuestionamientos a la expropiación
Los diputados argumentan que, en un momento en que el Ejecutivo ha confirmado recortes presupuestarios que afectan a la mayoría de los gobiernos regionales, «se pretende expropiar 117 hectáreas de Villa Baviera». Señalan que los colonos no se niegan a la instalación de una placa conmemorativa, pero que «una cosa es destinar recursos acotados para sitios de memoria y otra es expropiar 117 hectáreas, arrebatándoles a los colonos sus hogares y fuentes de trabajo».
Labra y Rey emplazaron al Gobierno a transparentar el costo total que tendrá para el Fisco esta iniciativa, a la que calificaron de «ideológica» y que solo respondería a la agenda del Partido Comunista. «No parece sensato que todos los chilenos financien una expropiación tan innecesaria», afirmaron.
Llamado al diálogo
Ambos parlamentarios sostienen que esperan que el Ministerio de Justicia abra un espacio de diálogo que permita «compatibilizar la memoria histórica con la protección del derecho de propiedad de los colonos, pero por sobre todo, con la correcta administración de los recursos públicos».
La discusión en torno a la expropiación de Villa Baviera pone de manifiesto la tensión entre la preservación de la memoria histórica y la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. ¿Será posible encontrar un equilibrio entre estos dos imperativos?
