En un acto de determinación y desesperación, dos comuneros mapuche condenados por delitos de violencia rural se encuentran hospitalizados en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, región de La Araucanía, tras cumplir un mes de huelga de hambre.
Se trata del adolescente identificado como D.Q.M. y José Arzola Millalén, ambos sentenciados por cargos como robo calificado, disparos injustificados y homicidio frustrado, según la Fiscalía, por hechos que afectaron a funcionarios del Cesfam de Ercilla, la Municipalidad de Victoria y la Contraloría General de la República.
El 11 de agosto, el adolescente D.Q.M. comenzó su huelga de hambre líquida en el centro de detención juvenil de Chol Chol, mientras que José Arzola la inició en la cárcel de Temuco, modificándola a una huelga de hambre seca el 5 de septiembre. Ambos exigen un juicio justo, asegurando que existieron vicios en el proceso que los condenó.
Según la vocera de los internos, Magdalena Queipul, los dos comuneros han perdido casi 13 kilos de masa corporal durante su protesta. Ella afirma que el Estado chileno será responsable si los internos presentan graves problemas de salud.
Monitoreo Constante y Compromiso con los Derechos Humanos
Por su parte, Gendarmería ha indicado que el personal de salud de la institución se encuentra monitoreando permanentemente el estado de salud de los privados de libertad, quienes se encuentran estables por el momento. Además, Gendarmería reafirma su compromiso de velar por la seguridad y cuidados de quienes están bajo su custodia, con apego irrestricto a los derechos humanos.
Una Lucha por la Justicia
Esta huelga de hambre de los comuneros mapuche es una acción desesperada por exigir un juicio justo y cuestionar los supuestos vicios en el proceso que los condenó. Su determinación y sacrificio personal reflejan la profunda frustración y la búsqueda de justicia que enfrentan miembros de la comunidad mapuche en Chile.
A medida que las autoridades monitorean de cerca su estado de salud, esta situación plantea importantes preguntas sobre el trato a los pueblos indígenas en el sistema de justicia y la necesidad de garantizar procesos equitativos y transparentes para todos los ciudadanos.
