A una década de su promulgación, la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) de Chile enfrenta el desafío de actualizarse para hacer frente a la crisis climática, la segregación socioespacial y la fragmentación institucional. Esta política, presentada originalmente como un hito al poner a las personas en el centro del desarrollo urbano, ahora debe evolucionar de un marco aspiracional a una herramienta vinculante que transforme realmente nuestras ciudades.
La PNDU reconoció que la vida urbana no podía seguir determinada únicamente por el mercado del suelo y las coyunturas políticas, sino que requería un horizonte común de calidad de vida y sustentabilidad. Su virtud fue abordar la dimensión subjetiva de la ciudad, más allá del mero acceso a bienes tangibles, buscando articular la complejidad urbana como espacio humano y no solo como aglomeración de construcciones.
Nuevos Desafíos, Nuevas Prioridades
Sin embargo, en la última década, los desafíos urbanos han mutado con rapidez. La segregación socioespacial se ha profundizado con fenómenos como alzas sostenidas en el precio del suelo, procesos de gentrificación y nuevas formas de precariedad habitacional. Además, han surgido problemáticas menos consideradas en 2014, como el cambio climático, las olas de calor en ciudades mal densificadas y la necesidad de avanzar hacia una movilidad urbana descarbonizada.
Ante este panorama, el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial (CNDT) ha trabajado en una propuesta de actualización de la PNDU que introduce lineamientos más claros sobre la gestión de riesgos socioambientales, la eficiencia energética, la resiliencia y la armonización con compromisos internacionales. Este esfuerzo busca darles coherencia legal y operativa a los objetivos, superando las contradicciones y vacíos detectados en la práctica.
De Principios a Decisiones Concretas
Sin embargo, el riesgo es que esta actualización se transforme en un mero ejercicio técnico sin capacidad real de incidir. Desde su origen, la PNDU adolecía de un problema estructural: dependía de múltiples ministerios y niveles de gobierno, con competencias fragmentadas y escasa coordinación. Si la actualización no resuelve este cuello de botella institucional, la política seguirá siendo un marco aspiracional más que una herramienta efectiva de transformación.
En este punto, cabe preguntarse: ¿qué significa realmente «tener una política urbana»? ¿Basta con consensuar principios y lineamientos si no existen mecanismos claros de implementación, financiamiento y fiscalización? La experiencia chilena muestra que los diagnósticos abundan, pero las ciudades siguen reproduciendo desigualdades.
La PNDU y su actualización no deberían contentarse con enumerar buenas intenciones: deben convertirse en un instrumento de planificación vinculante, con objetivos, plazos, responsables y consecuencias. Al mismo tiempo, no debemos perder de vista la dimensión cultural que el documento original subrayaba: un cambio en la valoración de lo público y del espacio colectivo. Mientras sigamos considerando la ciudad como un bien de consumo individual y no como un proyecto común, cualquier política –por sofisticada que sea– quedará reducida a letra muerta.
Una Oportunidad para Revitalizar la Promesa
Consideramos que la PNDU abrió un camino inédito al instalar la discusión sobre las ciudades como un «tema país». La actualización en curso es una oportunidad para revitalizar esa promesa, siempre que se atreva a pasar de los principios a las decisiones difíciles: articulación de una efectiva institucionalidad y gobernanza urbanas, coordinación e integración sectorial real, redistribución del suelo bien localizado, inversión en integración social, límites a la especulación inmobiliaria, búsqueda de modelos de regeneración y un verdadero fortalecimiento de las capacidades locales.
Solo así la política urbana dejará de ser un documento inspirador y se convertirá en la columna vertebral de un Chile más justo, habitable y sustentable.
