En un giro inesperado, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se encuentra en el centro de una controversia por la compra de la ex clínica Sierra Bella. Luego de que el 19° Juzgado Civil de Santiago ordenara la inscripción de la escritura pública de compraventa de la propiedad, Desbordes ha insistido en responsabilizar a su antecesora, Irací Hassler, afirmando que ella «no puede eludir la responsabilidad» en este asunto.
Según Desbordes, la «pésima gestión anterior» ha puesto al municipio en riesgo de pagar $8.000 millones por una propiedad que «no le sirve para nada». Sin embargo, peritos habilitados de la Corte de Apelaciones de Santiago han señalado que el inmueble vale solo $2.000 millones. Esto ha llevado al alcalde a anunciar gestiones para perseguir sanciones contra los responsables y buscar la anulación del fallo judicial.
Responsabilidad Compartida
A pesar de los intentos de Desbordes por culpar a Hassler, la realidad es más compleja. Si bien la ex alcaldesa fue sobreseída en la investigación penal del caso Sierra Bella, el alcalde actual reconoce que «no se ha cerrado el caso» y que «alguien tiene que responder» por el perjuicio económico al municipio.
Desde una perspectiva legal, el fallo del tribunal de apelaciones que excluyó al municipio de Santiago, a los diputados Johannes Kaiser y Juan Irarrázaval, y al concejal Juan Mena del caso, sugiere que la responsabilidad no recae únicamente en Hassler. Esto plantea la necesidad de un análisis más profundo y una evaluación de las acciones de todos los actores involucrados.
Implicaciones y Próximos Pasos
La situación en torno a la ex clínica Sierra Bella pone de manifiesto la complejidad de la gestión pública y la importancia de la rendición de cuentas. Mientras Desbordes busca evitar el pago de los $8.000 millones, la pregunta clave es quién asumirá finalmente la responsabilidad por esta polémica transacción.
En este contexto, es fundamental que las autoridades competentes realicen una investigación exhaustiva, determinen las responsabilidades correspondientes y tomen las medidas necesarias para proteger los intereses del municipio y de los ciudadanos de Santiago. Solo así se podrá cerrar este capítulo de manera justa y transparente.
