Según una reciente encuesta realizada por el Panel Ciudadano UDD, el 61% de los consultados cree que las tomas de terrenos en Chile son «otra expresión del crimen organizado, que lotea y vende terrenos ilegalmente». Este es uno de los principales hallazgos de la encuesta, que también reveló que el 84% de los participantes se manifiesta en contra de este fenómeno.
La encuesta, realizada entre el lunes 1 y el martes 2 de septiembre, consultó a un panel nacional conformado por 1.200 personas sobre el aumento de tomas de terrenos en el país y el papel que debería asumir el Estado. Con una tasa de respuesta del 89% (1.068 casos), los resultados muestran una percepción generalizada de que las tomas están vinculadas al crimen organizado.
Ciudadanos ven deficiente respuesta del Estado
Otro hallazgo relevante es que el 53% de los encuestados considera que la acción del Estado frente al aumento de las tomas ilegales ha sido «deficiente, pues ha actuado tarde y mal». Además, el 80% de los consultados cree que el incremento en la cantidad y tamaño de las tomas perjudica a las personas que esperan por un subsidio estatal.
Ante esta situación, las opiniones de los participantes se dividen en cuanto a la solución que debería adoptar el Gobierno. Mientras que el 59% se muestra a favor de que el Estado desaloje a los ocupantes y devuelva los terrenos a sus dueños, el 28% cree que la solución está en lograr una mediación entre los dueños y los ocupantes. Un 10% opina que se deberían expropiar las tierras y construir viviendas para los ocupantes.
Diversidad de opiniones sobre el manejo de los ocupantes
Respecto a qué debería hacer el Gobierno con las personas que participan en las tomas, las respuestas estuvieron más divididas. El 29% considera que deberían ser reubicados temporalmente en albergues, el 25% se declara a favor de prohibirles por un tiempo el acceso a un subsidio habitacional, el 20% apunta a desalojarlos y nada más, y el 18% manifiesta que se les debería dar prioridad en la asignación de viviendas sociales.
Estos resultados reflejan la complejidad del fenómeno de las tomas de terrenos y la necesidad de que el Estado aborde el problema de manera integral, buscando soluciones que equilibren los derechos de los propietarios, las necesidades de los ocupantes y la seguridad jurídica.
