En la localidad de Yumbel, en la región del Bío Bío, los vecinos de la junta «El Progreso» se han unido para tomar acción contra la trágica matanza de perros que ha sacudido a su comunidad. Según el presidente de la agrupación, Diego Avello, al menos 13 mascotas con dueños fueron envenenadas en la zona, un acto que consideran inaceptable independientemente de si los animales eran callejeros o no.
Buscando justicia, los vecinos están en conversaciones con el municipio para presentar una querella criminal y dar con los responsables de este lamentable hecho. «Para nosotros es importante que se siga trabajando en la investigación de lo que pasó respecto a las mascotas que fueron envenenadas en nuestra población», señaló Avello.
El papel de los municipios
Según la Ley 21.020, conocida como Ley Cholito, los municipios tienen la obligación de llevar registros de mascotas, coordinar programas de esterilización, educación y control sanitario, e incluso dictar ordenanzas que regulen la convivencia entre personas y animales. Desde la Fundación Patitas, asesora legal del proceso, explican que si un municipio detecta un caso de maltrato animal en la vía pública, debe denunciar los hechos a Fiscalía y coordinar la derivación del animal a programas municipales de cuidado, rescate o esterilización.
Responsabilidad compartida
Para los vecinos de Yumbel, es crucial que las autoridades locales asuman su responsabilidad y se sumen a la querella que están preparando. «Se han dejado antecedentes en el municipio, y ellos se van a sumar prontamente a una querella. Eso es lo que se le ha informado tanto a la agrupación animalista como a la junta de vecinos», afirmó Avello.
La comunidad de Yumbel está decidida a hacer oír su voz y a exigir justicia por la trágica matanza de perros que ha conmocionado a la localidad. Con el apoyo de las autoridades y la aplicación de la Ley Cholito, esperan poder dar con los responsables y evitar que estos hechos se repitan en el futuro.
