En una historia que ha conmocionado al país, cuatro funcionarios del Hospital de Osorno han sido acusados de torturar a Camilo, un trabajador con trastorno del espectro autista (TEA). Las imágenes y videos de los abusos que Camilo sufrió entre 2018 y 2020 han generado indignación generalizada.
Rodrigo Reyes Melo, Erardo Gallardo Alarcón, Jhonatan Navarro Guerrero y Jairo Báez Huaiquián fueron los responsables de los ultrajes a los que Camilo fue sometido. Según los registros, Rodrigo y Jairo fueron los principales agresores, sujetando a Camilo y aplicándole fuerza para inmovilizarlo, mientras que los otros dos participaron activamente en los ataques.
Sueldos millonarios a pesar de las acusaciones
A pesar de las denuncias y el escándalo público, la mayoría de estos funcionarios continúan dentro del hospital, «suspendidos» pero recibiendo sus sueldos completos. Según los datos obtenidos, en julio de 2025:
- Rodrigo Reyes Melo percibió un sueldo bruto de $2.384.190 en su cargo de «apoyo administrativo».
- Erardo Gallardo Alarcón tuvo un sueldo bruto de $1.836.877, también en el cargo de «apoyo administrativo».
- Jhonatan Navarro Guerrero ganó $1.846.470 brutos en su función de «apoyo logístico».
Aunque el director interino del hospital, Julio Vargas, afirmó que algunos funcionarios habían sido destituidos, multados o sancionados, la realidad es que estos cuatro acusados siguen recibiendo sus salarios a pesar de las graves acusaciones en su contra.
Un calvario de torturas y vejaciones
Camilo, quien llegó al Hospital de Osorno en 2018, se encontró con estos nuevos compañeros, todos ingenieros informáticos. Durante meses, tuvo que soportar acoso, torturas y situaciones extremadamente denigrantes.
Los agresores lo obligaron a desnudarse, lo quemaron con vapor, le raparon todo el cabello en contra de su voluntad y lo ataron de pies y manos, dejándolo en una posición fetal sin movilidad. Incluso, en una ocasión, uno de ellos simuló una práctica de sexo oral.
Todas estas situaciones fueron grabadas por los propios funcionarios, quienes se burlaban y reían mientras Camilo lloraba frente a ellos, sin que les importara su sufrimiento.
Denuncias sin consecuencias
Pese a las denuncias presentadas por Camilo, el proceso judicial terminó sin sanciones para los acusados. Incluso, Jairo Báez, quien le quebró un dedo a Camilo, solo recibió una suspensión condicional del procedimiento.
La falta de consecuencias para estos funcionarios ha generado indignación y cuestionamientos sobre la efectividad del sistema de justicia y la protección de los derechos de las personas con discapacidad.
Un llamado a la rendición de cuentas
Este caso pone de manifiesto la urgente necesidad de que las autoridades competentes tomen medidas contundentes para sancionar a los responsables y garantizar que hechos tan aberrantes no vuelvan a ocurrir. La sociedad exige justicia y que se respeten los derechos de las personas vulnerables.
