La Casa Blanca ha defendido el ataque con once muertos contra una lancha venezolana, alegando que se trató de una acción legal y justificada en el marco de un «conflicto armado». Sin embargo, expertos cuestionan si esta caracterización se sostiene jurídicamente.
Según la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, el ataque se realizó «en defensa de intereses nacionales de Estados Unidos y por la autodefensa colectiva de otras naciones que han sufrido durante mucho tiempo debido al tráfico de narcóticos y las actividades violentas de carteles». Además, aseguró que el ataque «fue consistente con las leyes de un conflicto armado».
No obstante, Adam Isacson, director para Veeduría de Defensa en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), considera que este tipo de acciones militares solo podrían darse mediante los poderes de guerra otorgados por el Congreso. «El presidente diciendo unilateralmente que estamos en guerra no va sobrevivir ante un tribunal», afirma.
¿Conflicto armado o exceso de fuerza?
La Casa Blanca parece estar invocando la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF) de 2001, que permitió al Ejecutivo recurrir al uso de la fuerza contra miembros de al Qaeda y otros grupos terroristas. Sin embargo, Rand Paul, senador republicano, cuestiona esta interpretación: «No volamos por los aires barcos que ingresan en nuestras aguas a no ser que vayan a atacar otro navío o se resistan con fuego armado».
Isacson coincide en que este tipo de operaciones «siempre han sido operaciones de control costero policial y de aplicación de la ley». En su opinión, «lo que parece es que el presidente dio una orden ilegal el otro día y ahora están intentando encontrar una justificación para hacerlo parecer legal».
Implicaciones geopolíticas
El ataque se produce en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Washington ha insistido en que el gobierno de Nicolás Maduro es un «narcoestado», lo que podría explicar su postura de considerar este incidente como parte de un «conflicto armado».
Sin embargo, expertos como Isacson advierten que esta caracterización podría no resistir un escrutinio legal. «Seguramente los que iban en el barco eran contrabandistas, pero probablemente había pescadores o migrantes, porque muy a menudo mezclan carga», señala.
El futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, así como las implicaciones jurídicas de este incidente, permanecen en el centro del debate.
