La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, ha respaldado firmemente la urgencia que el Ejecutivo ha puesto en el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el cual plantea establecer un plazo de 14 semanas para la interrupción voluntaria del embarazo.
Orellana explicó que, tal como se ha conversado con el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, una vez despachados los proyectos prioritarios como la Superintendencia Isapre y la Ley Ricardo Soto, se procedería a dar inicio a la discusión sobre el proyecto de aborto legal. La ministra recalcó que «no hay ninguna novedad en el cronograma».
Derechos de las Mujeres en el Centro del Debate
Al referirse a los votos necesarios para aprobar este proyecto, Orellana señaló que «para los derechos de las mujeres, y en particular para proyectos como este, nunca han estado los votos». Sin embargo, enfatizó que lo más importante es que «se puedan dar los debates».
Consultada sobre si el proyecto podría generar tensiones con la Democracia Cristiana, partido que apoya la candidatura de Jeannette Jara (PC), la ministra sostuvo que «esas son posiciones que están claras, pero es un debate que también el Ejecutivo ya ha instalado y que tiene que darse».
Prioridad en la Agenda Legislativa
La «urgencia» impuesta por el Ejecutivo busca que la iniciativa de aborto legal sea priorizada en la agenda legislativa, a solo dos meses y medio de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre. Esto refleja la importancia que el gobierno le otorga a este tema y su determinación por avanzar en la discusión, a pesar de las posibles tensiones políticas que pueda generar.
Hacia un Debate Necesario y Constructivo
La posición de la ministra Orellana deja claro que el Ejecutivo está comprometido con impulsar el debate sobre el aborto legal, considerándolo un tema fundamental para los derechos de las mujeres. Aunque los votos necesarios para su aprobación no están garantizados, la prioridad otorgada a este proyecto refleja la voluntad del gobierno de abordar esta cuestión tan sensible y controvertida, con la esperanza de que el debate pueda darse de manera constructiva y en beneficio de la sociedad.
