En un giro inesperado, se ha revelado una nueva denuncia contra los funcionarios del Hospital Base San José de Osorno que presuntamente torturaron a un trabajador con trastorno del espectro autista (TEA). Esta nueva información ha sido clave para reabrir el sumario contra los involucrados, que inicialmente había terminado sin sanciones.
Según confirmó el director subrogante del hospital, Julio Vargas, la denuncia fue presentada por una funcionaria que individualizó a los responsables y aportó antecedentes cruciales. Resulta que algunos de los acusados ya habían atacado brutalmente a otro extrabajador con TEA en el pasado.
La Tortura Documentada
Los hechos que afectaron al funcionario con TEA ocurrieron entre 2018 y 2020, cuando la víctima llegó a realizar un reemplazo en el centro de salud y trabajó con el equipo informático. Según los relatos, el hombre fue atado, rapado y quemado con vapor por sus propios colegas. Muchas de estas agresiones quedaron registradas en video y fotografías.
En 2020 se inició un proceso sumarial contra los cuatro funcionarios acusados, pero el proceso terminó sin sanciones. Sin embargo, la nueva denuncia de la funcionaria en 2024 ha sido clave para reabrir el caso.
Acciones Inmediatas y Sanciones
Tras conocer los nuevos antecedentes, el director subrogante afirmó que «con mayor razón debíamos actuar rápido y denunciar a la Fiscalía». Así, se reabrió el sumario administrativo, que ya ha arrojado las primeras sanciones contra los funcionarios involucrados.
Además, la Contraloría General ordenó «someter extraordinariamente a control la legalidad de la resolución de ese hospital» para verificar que el procedimiento se ajustó a derecho. También indagarán si existen responsabilidades administrativas de las jefaturas del centro asistencial.
Investigación Penal en Marcha
Por su parte, la Fiscalía de Osorno abrió una investigación de oficio tras tomar conocimiento de los videos que muestran «hechos constitutivos de delito». La fiscal jefa, María Angélica de Miguel, anunció que se tomarán diversas diligencias para esclarecer los hechos y determinar los responsables, incluyendo brindar contención a la víctima.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la denuncia ciudadana y la necesidad de actuar con celeridad y determinación ante situaciones de abuso y vulneración de derechos, especialmente cuando involucran a personas en situación de discapacidad. Ahora, las autoridades deben asegurar que se haga justicia y se tomen las medidas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.
