El Gobierno de Chile ha confirmado que llevará al Congreso en octubre un proyecto de negociación colectiva multinivel (o negociación colectiva ramal), que otorgaría más poder y voz a los sindicatos dentro de las empresas. Esta iniciativa ha encendido de inmediato las alarmas en el mundo empresarial, que teme por sus efectos negativos.
Críticas de las Pymes y la Industria
Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) han alertado que, de concretarse esta propuesta, significaría «la muerte para el sector». Por su parte, la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánica (Asimet) advirtió sobre los efectos negativos en el crecimiento y el empleo «ante la insistencia de legislar sobre la negociación ramal».
Según Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional, una administración que se declaró a favor de las Mipymes ahora «desconoce cuál es la realidad» de este segmento empresarial. La Confederación de la Producción y Comercio (CPC) también ha manifestado su rechazo a la negociación ramal desde que Jeannette Jara era ministra del Trabajo, argumentando que hoy «la agenda debe ser otra».
La Posición del Gobierno
Frente a estas críticas, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, sostuvo que la propuesta responde a un «compromiso del Gobierno con los trabajadores y con la modernización del sistema laboral». Sin embargo, reconoció que la discusión legislativa «estará lejos de ser simple».
Por su parte, el presidente Gabriel Boric comprometió esta iniciativa en su última cuenta pública, y ahora se ha confirmado que el proyecto de negociación multinivel ingresará al Congreso en octubre. La discusión parece destinada al fracaso, pues ni los grandes empresarios ni las Pymes están de acuerdo con avanzar en este debate.
Implicaciones para el Empleo y la Economía
Según los empresarios, la negociación ramal podría significar mayores costos laborales, pérdida de flexibilidad, riesgo de informalidad y cierre de empresas. Fernando García, presidente de Asimet, refutó que el proyecto «va en la dirección contraria a lo que el país requiere con urgencia, que es apuntar al crecimiento y a la creación de empleo formal y de calidad».
Las Pymes, que generan más del 50% del empleo nacional y representan al 98% de las empresas formalizadas, son las más preocupadas por los potenciales efectos negativos de esta iniciativa gubernamental.
Queda por ver si el Gobierno logrará concretar esta reforma laboral en medio de la fuerte oposición empresarial, y cómo se equilibrarán los intereses de trabajadores y empleadores en un contexto económico desafiante.
