Más de un año después de que la Corte de Apelaciones ordenara la demolición de la toma Calicheros en el terreno de la familia del empresario Alejandro Correa, víctima de un ataque de sicariato en 2020, la ejecución de esta medida sigue enfrentando retrasos y obstáculos.
Según la abogada de la familia Correa, Jeanette Bruna, es «complejo» que la demolición se lleve a cabo en septiembre, tal como anunció recientemente la Seremi de Vivienda, Belén Paredes. Bruna argumenta que recién a finales de agosto se conformó una mesa de trabajo entre el Servicio de Vivienda y Urbanización y la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso para coordinar la ejecución de la orden judicial.
Ante la tardanza, la familia Correa podría solicitar que se decrete el desacato por parte de los órganos del Estado, según indicó el abogado penalista Cristian Canifrou. Esto se debe a que han transcurrido más de 12 meses desde que la Corte de Apelaciones de Valparaíso resolvió demoler la toma emplazada en el terreno de la familia Correa, en respuesta a un recurso de protección presentado por ellos.
La abogada Bruna ha expresado su preocupación directamente a la Seremi Paredes, solicitando conocer la fecha exacta en que se ejecutará la demolición de la ocupación ilegal. Esta incertidumbre y los retrasos en el cumplimiento de la orden judicial son un obstáculo adicional que la familia Correa debe enfrentar en su lucha por recuperar el control de su propiedad.
