La Contraloría General de la República ha ordenado someter a un control de legalidad extraordinario la resolución con la que el Hospital Base San José de Osorno puso fin al sumario abierto por los graves abusos y torturas cometidos contra un exfuncionario con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Entre 2018 y 2020, este trabajador fue víctima de tratos crueles, vejámenes e incluso torturas por parte de sus propios compañeros de trabajo. Según los informes, el personal del hospital lo desnudó, quemó con vapor y le cortó el cabello sin su consentimiento. Estos hechos conmocionaron al país al evidenciar el trato inhumano que sufrió este individuo con necesidades especiales.
Contraloría ordena revisión del proceso
Tras la reapertura del sumario en agosto de 2024, al obtenerse nuevos antecedentes que evidenciaban la actuación de los cuatro acusados, la Contraloría ha decidido intervenir para verificar que el procedimiento se ajustó a derecho.
Según explicaron, el ente contralor ordenó someter extraordinariamente a control de legalidad la documentación con la que se puso fin al sumario. Esto con el objetivo de asegurar que el proceso se haya llevado a cabo de manera adecuada y que se hayan determinado las responsabilidades administrativas correspondientes, incluyendo las de las jefaturas del centro asistencial.
Sumario en etapa final, pero con apelaciones pendientes
De acuerdo con el director (s) del Servicio de Salud Osorno, Héctor Alarcón, el sumario contra los funcionarios involucrados se encuentra en su etapa final. En esta instancia, se logró establecer la existencia de los hechos y se determinó la sanción correspondiente, la cual ha sido notificada a los cuatro acusados.
Sin embargo, Alarcón indicó que los funcionarios cuentan con un plazo legal para realizar sus descargos antes de que la sanción sea efectiva y deba pasar por la toma de razón de la Contraloría.
Agresores suspendidos, pero aún no desvinculados
Pese a estar suspendidos de sus funciones, los acusados aún no han sido desvinculados del hospital, ya que el sumario sigue en curso. Esto ha generado preocupación, pues los agresores siguen vinculados a la institución mientras se resuelve el proceso.
La intervención de la Contraloría busca garantizar la legalidad y transparencia de este caso emblemático, en el que se cometieron graves violaciones a los derechos de una persona vulnerable. La sociedad espera que se haga justicia y se tomen las medidas disciplinarias correspondientes.
