La Asociación de Gendarmes de Chile (AGECH) ha expresado su preocupación por una reciente decisión del Tribunal de Garantía de Coyhaique que autoriza a una imputada por parricidio a fumar cigarrillos sin el uso de grilletes y bajo custodia en los estacionamientos del Hospital Regional de Coyhaique donde se encuentra hospitalizada.
Según AGECH, esta medida no solo constituye un «acto insólito», sino que también genera «condiciones propicias para intentos de fuga», exponiendo a «riesgos innecesarios a toda la comunidad». Los gendarmes aseguran que esta decisión pone en riesgo la labor del personal y la seguridad pública.
Preocupación por la Seguridad de Gendarmes y Comunidad
En un comunicado, AGECH manifestó que, si bien cumplen «con profesionalismo las resoluciones emanadas de los tribunales», les preocupa que «decisiones poco prudentes expongan innecesariamente a nuestras y nuestros gendarmes, ante situaciones que van debilitando la confianza ciudadana en la labor que realizamos».
La asociación hizo «un llamado urgente a estar a la altura de las responsabilidades que la seguridad del país demanda, evitando resoluciones que pongan en riesgo la integridad de nuestros funcionarios y de toda la comunidad».
Implicaciones y Posibles Consecuencias
Esta decisión judicial ha generado un debate sobre los límites de los derechos de los imputados y la necesidad de garantizar la seguridad de los funcionarios y la población en general. Algunos expertos cuestionan si la autorización de fumar sin grilletes en un espacio público como un estacionamiento hospitalario es una medida prudente y proporcional.
Desde una perspectiva legal, es posible que esta resolución pueda ser impugnada o revisada por instancias superiores si se considera que pone en riesgo la integridad de los gendarmes y la seguridad pública. Sin embargo, también se debe tener en cuenta el derecho de los imputados a recibir un trato digno y humano durante su proceso judicial.
Conclusión: Equilibrio entre Derechos y Seguridad
Este caso evidencia la necesidad de encontrar un equilibrio entre los derechos de los imputados y la seguridad de los funcionarios y la comunidad. Las autoridades judiciales y los organismos de seguridad deberán trabajar de manera coordinada para establecer protocolos y medidas que garanticen el respeto a los derechos humanos sin comprometer la integridad de quienes velan por el orden público.
