La propuesta del candidato presidencial boliviano Rodrigo Paz de legalizar los autos robados en su país ha generado una gran polémica, especialmente en Chile, donde las autoridades la han criticado por considerarla un «incentivo al contrabando».
Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Bolivia, planteó la idea en una entrevista con el medio El Ánfora, argumentando que «parece que fuera un pecado tener un auto ‘chuto’ -término usado para referirse a autos robados- en Bolivia, cuando todo el mundo tiene uno».
Acusaciones cruzadas entre Bolivia y Chile
El candidato boliviano también apuntó a una supuesta complicidad de Carabineros de Chile en el robo y traslado de vehículos desde el país vecino hacia Bolivia, donde luego son comercializados.
«Que se entere bien del porcentaje (de sustracciones): salvo algunos casos que han sido de noticia internacional -dos o tres vehículos, que ya han sido retornados (a Chile)-, debería él (Huerta) preocuparse de por qué no pueden proteger su frontera y qué pasa con su policía, los Carabineros… ¿No serán ellos los ladrones, que están robando y poniendo esos productos en Bolivia?», comentó Paz.
Rechazo del Gobierno de Chile
Desde el Gobierno de Chile, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, salió al paso de las declaraciones del candidato boliviano, cerrándose a la posibilidad de «incentivar» la comisión de estos delitos.
«Establecer alguna forma de legalización (de bienes obtenidos por un delito) es un incentivo para que se sigan cometiendo esos ilícitos… En Chile, fuera de Chile, donde sea», esgrimió el secretario de gobierno.
Llamado a la colaboración entre países
Elizalde recalcó que, si bien Chile busca fortalecer las relaciones con sus países vecinos, esto debe hacerse «bajo un principio básico que es que se respete el Estado de Derecho y que no se puede plantear ningún incentivos para la comisión de ilícitos como, por ejemplo, el contrabando».
La propuesta de Paz llega en un momento en que Bolivia y Chile atraviesan una compleja relación diplomática, con la oferta de restablecimiento de vínculos realizada en el pasado por el expresidente chileno Ricardo Lagos, que no ha sido aceptada por Bolivia.
