En un preocupante retroceso para los derechos humanos, la Asamblea Legislativa de Transición (ALT) de Burkina Faso ha aprobado por unanimidad una ley que penaliza la homosexualidad con penas de hasta cinco años de prisión. Esta medida se enmarca en una reciente escalada del discurso anti-LGBTQ+ en el continente africano, donde más de la mitad de los países criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo.
Según informaron los medios locales, el nuevo Código de las Personas y la Familia establece que quienes sean condenados por «prácticas homosexuales» enfrentarán sanciones de dos a cinco años de cárcel, acompañadas de multas. En caso de reincidencia, si la persona no es de nacionalidad burkinesa, «será pura y simplemente expulsada del país», afirmó el ministro de Justicia, Rodrigue Bayala.
Esta medida ha sido fuertemente criticada por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI), que la calificó de «retroceso alarmante» que socava las «disposiciones progresistas» del nuevo código, como la decisión de fijar la edad mínima para contraer matrimonio en 18 años, tanto para niños como para niñas, y de establecer el consentimiento entre ambas partes como base del matrimonio.
«Sin embargo, nos alarma y nos preocupa profundamente la criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo. Esto no hace más que generar discriminación y violar el derecho a la igualdad ante la ley», subrayó Marceau Sivieude, director regional de AI para África occidental y central.
Burkina Faso se une así a la lista de más de la mitad de los 54 países africanos que cuentan con leyes que penalizan la homosexualidad. Esta decisión se produce en un contexto de inestabilidad política en el país, que encajó dos golpes de Estado en 2022.
La comunidad LGBTQ+ de Burkina Faso y sus defensores enfrentan ahora un futuro incierto, donde sus derechos fundamentales se ven gravemente amenazados por esta nueva ley discriminatoria. Es crucial que la comunidad internacional condene enérgicamente esta medida y presione a las autoridades burkinesas para que deroguen esta ley y respeten los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual.
