En un giro inesperado en el caso Democracia Viva, la Fiscalía Regional de Antofagasta ha presentado un recurso de reposición para oponerse a la reapertura de la investigación en las aristas Democracia Viva, Fibra, TomArte y Fusupo del caso Convenios. Esta solicitud había sido presentada por la defensa de Daniel Andrade, exrepresentante legal de la Fundación Democracia Viva y expareja de la diputada Catalina Pérez.
Según los abogados de Andrade, habría surgido un «hecho nuevo» que justificaría reabrir la indagatoria. Sin embargo, en su escrito, la Fiscalía sostiene que no existe ningún hecho nuevo y que la solicitud de la defensa es «dilatoria, inconducente y contraria a derecho». Por lo tanto, pide anular la audiencia programada para el 8 de septiembre y rechazar la reapertura, amparándose en el artículo 257 del Código Procesal Penal.
Objetivo de la Fiscalía: Continuar con el Curso Normal del Procedimiento
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, indicó que «el objetivo del recurso es continuar con el curso normal del procedimiento y que se realice la audiencia de preparación de juicio oral, ya fijada para el 29 de septiembre, donde las defensas podrán presentar sus pruebas en el marco de un juicio oral público y contradictorio».
La investigación del Caso Convenios en la región de Antofagasta -una de las más avanzadas del país- involucra a siete imputados y reveló traspasos millonarios desde el Ministerio de Vivienda a fundaciones privadas, entre ellas Democracia Viva, que tenía vínculos políticos con -ahora- exautoridades del Frente Amplio.
Análisis de Expertos: Evitar Dilaciones y Mantener el Curso Legal
Desde una perspectiva jurídica, los expertos consideran que la posición de la Fiscalía busca evitar posibles dilaciones en el proceso y mantener el curso legal establecido. Al negar la reapertura solicitada por la defensa, la Fiscalía busca asegurar que el juicio oral se lleve a cabo según lo programado, permitiendo que las partes presenten sus pruebas en un marco de transparencia y contradicción.
Para los consumidores y la ciudadanía en general, este caso representa un importante hito en la lucha contra la corrupción y el uso indebido de fondos públicos. La decisión de la Fiscalía de Antofagasta podría tener implicaciones significativas en la rendición de cuentas y la confianza en las instituciones democráticas.
A medida que el proceso avanza, la sociedad espera que se esclarezcan los hechos y se aplique la justicia de manera imparcial, independientemente de las conexiones políticas de los implicados. Solo así se podrá fortalecer la integridad del sistema y evitar que se repitan este tipo de irregularidades en el futuro.
