En un veredicto contundente, el Tribunal Oral de Concepción, región del Bío Bío, ha condenado a los líderes de una red de trata de personas que operaba en la zona. Los dos principales acusados, el colombiano Luis Franco y la venezolana Mary Colmenares, arriesgan penas de hasta 35 y 30 años de cárcel, respectivamente, por su responsabilidad en el traslado y explotación sexual de mujeres, incluyendo una menor de edad.
Según el fallo judicial, se acreditó que el grupo criminal se dedicaba a la trata de personas con fines de explotación sexual, así como al narcotráfico y al porte ilegal de armas. Si bien algunos de los ocho acusados fueron absueltos de ciertos cargos, los dos cabecillas fueron declarados culpables de los delitos más graves.
Víctimas extranjeras y menores de edad
El Tribunal Oral determinó que el grupo liderado por Franco y Colmenares trasladaba a mujeres extranjeras, e incluso a una menor de edad, obligándolas a prostituirse. «Se acreditó el traslado de mujeres extranjeras, e incluso una menor de edad, todas a quienes se obligó a prostituirse», señaló el fiscal del caso, Patricio Aravena, quien se mostró satisfecho con el veredicto.
Penas severas para los cabecillas
Según la sentencia, Franco y Colmenares enfrentan las penas más duras. La Fiscalía solicitó 35 años de cárcel para Colmenares y 30 años para Franco, mientras que los otros seis acusados arriesgan entre 5 y 12 años de prisión.
Si bien el abogado defensor, Carlos Concha, destacó que algunos de sus clientes fueron absueltos de ciertos cargos, la condena a los líderes de la organización criminal es un duro golpe para la red de trata de personas que operaba en Concepción.
Desvinculación del Tren de Aragua
Uno de los aspectos positivos para la defensa fue que se descartó el vínculo de todos los acusados con el Tren de Aragua, una peligrosa organización criminal colombiana. «Se descartara el vínculo de todos con el Tren de Aragua», celebró el abogado Concha.
Los ocho condenados permanecerán en prisión preventiva hasta la lectura de la sentencia definitiva, prevista para el 11 de septiembre. La Fiscalía espera que todas las penas sean de cárcel efectiva, reflejando la gravedad de los delitos cometidos.
