En medio de la crisis que sacude a Gendarmería, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, ha anunciado un paquete de 17 medidas para fortalecer la seguridad y el control de los internos en los establecimientos penales de todo Chile.
Estas acciones se implementan tras la fuga de tres reclusos de alta peligrosidad desde la cárcel de Valparaíso, un episodio que expuso las debilidades del sistema penitenciario. Según el ministro, las medidas comenzarán a aplicarse a partir de hoy, sábado 16 de agosto.
Principales Medidas
Entre las principales iniciativas se encuentra que, en un plazo de 24 horas, Gendarmería debe entregar un informe al subsecretario de Justicia sobre la seguridad perimetral de todos los penales del país. Además, en 72 horas, se realizará una revisión exhaustiva de la clasificación y segmentación de la población carcelaria a nivel nacional.
Reforzar la Dotación de Gendarmes
Asimismo, se implementará un plan para fortalecer la dotación de funcionarios de Gendarmería. En 48 horas, la institución deberá entregar un informe evaluando cuántos gendarmes están realizando labores administrativas.
Otras medidas incluyen impulsar iniciativas legislativas para llamar a servicio a gendarmes retirados, y la coordinación con expertos internacionales durante septiembre para trabajar en conjunto con Gendarmería para reforzar la seguridad en las cárceles.
Respuestas y Responsabilidades
El diputado Cristián Araya, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, calificó la situación en Valparaíso como «muy grave» y evidencia de la «fragilidad del sistema», lamentando la «falta de inversión» y la necesidad de «acciones urgentes».
Araya también informó que el ministro de Justicia, el director (s) de Gendarmería y el ministro de Seguridad Pública serán citados el próximo miércoles 20 de agosto para dar respuestas y asumir responsabilidades.
Si bien el ministro Gajardo reconoce que ningún sistema penitenciario puede evitar incidentes por completo, se ha comprometido a trabajar para reducirlos al máximo. La prueba estará en la efectividad de las medidas anunciadas y en la capacidad de las autoridades para fortalecer la seguridad y el control en las cárceles chilenas.
