La madrugada del viernes 15 de agosto, tres reclusos de alta peligrosidad lograron escapar de la cárcel de Valparaíso, entre ellos Juan Israel González Quezada, condenado por el asesinato del suboficial mayor de Carabineros, David Florido, en 2022. Esta noticia ha dejado a la familia del fallecido oficial en un estado de profunda angustia y abandono.
Según relata Juan Carlos Florido, padre de David, él pensaba que González Quezada se encontraba recluido en una cárcel de máxima seguridad en La Serena. «Me siento totalmente abandonado. Abandonado porque aquí se tomaron decisiones y resoluciones que nosotros como familia tampoco sabíamos», expresó con evidente frustración.
Por su parte, Raquel, madre del carabinero asesinado, señaló que esta fuga «va mucho más allá de que se escapó». «Aquí hay un daño, y nosotros somos las víctimas, no son los delincuentes y hay que revertirlo, porque es un daño que se hace a toda una familia que ya estaba dañada», recalcó.
Colapso del Sistema Penitenciario
La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) ha advertido al Gobierno sobre la «fragilidad del sistema penitenciario», que se encuentra «literalmente en una situación de colapso ante el hacinamiento histórico, la falta de personal y la deteriorada infraestructura».
Según los datos proporcionados, la cárcel de Valparaíso, donde se produjo la fuga, mantenía en 2022 una población promedio de 2.300 internos, que al 31 de julio de 2025 ascendía a 3.578, para un recinto diseñado solo para 1.864 plazas (192% de ocupación). Paradójicamente, la dotación de personal se ha reducido en 35 funcionarios, lo que se traduce en turnos extenuantes y agobiantes para el personal de Gendarmería.
Respuestas del Gobierno
En respuesta a esta crisis, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, anunció 17 medidas para fortalecer la seguridad y el control de internos en los establecimientos penales de todo Chile. Entre ellas, se encuentra que en un plazo de 24 horas, Gendarmería debe entregar un informe al subsecretario de Justicia sobre la seguridad perimetral de todos los centros penitenciarios del país.
Sin embargo, para la familia Florido, estas acciones llegan demasiado tarde. «Aquí hay un daño, y nosotros somos las víctimas, no son los delincuentes y hay que revertirlo», recalcó Raquel, madre de David. La angustia y el sentimiento de abandono de esta familia son un reflejo del colapso del sistema penitenciario chileno, que ahora enfrenta una nueva crisis con la fuga de peligrosos reclusos.
