En un giro inesperado, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, ha ordenado a la Fiscalía Regional de Los Ríos que investigue al Presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, por presunto delito de prevaricación. Esta decisión se produce luego de que la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia declarara admisible una querella presentada por la abogada Carla Fernández, representante de tres exfuncionarios del Ejército condenados por prevaricación y apremios ilegítimos en la causa conocida como «El Polvorín».
La investigación se centra en el accionar del Presidente Mesa Latorre, quien ha estado a cargo de causas relacionadas con derechos humanos en el sur del país. Según los antecedentes, la querella alega que el magistrado habría incurrido en prevaricación, es decir, dictar resoluciones a sabiendas de su injusticia.
Antecedentes de la Querella
La querella fue inicialmente presentada el pasado 26 de junio en el Juzgado de Garantía de Temuco, donde el juez Federico Gutiérrez la declaró admisible. Sin embargo, en menos de 24 horas, Gutiérrez cambió su resolución y determinó que la querella era inadmisible, una decisión poco habitual que generó un recurso de apelación.
El recurso de apelación debió ser resuelto por el Tribunal de Alzada de Valdivia, luego de que todos los ministros de Temuco se declararan inhabilitados respecto a la causa. Finalmente, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia declaró admisible la querella por dos votos a uno.
Implicaciones y Próximos Pasos
La investigación a cargo de la Fiscalía Regional de Los Ríos tendrá como objetivo determinar si el Presidente de la Corte de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, incurrió efectivamente en el delito de prevaricación en el ejercicio de sus funciones. Esto podría tener importantes repercusiones en los casos de derechos humanos que el magistrado ha estado investigando en el sur del país.
Según expertos consultados, esta situación pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la independencia y transparencia del sistema judicial, especialmente en temas tan sensibles como los derechos humanos. Será crucial seguir de cerca el desarrollo de esta investigación y sus posibles implicaciones en la administración de justicia en la región.
Por ahora, la Fiscalía Regional de Los Ríos deberá asumir la tarea de indagar a fondo las presuntas irregularidades atribuidas al Presidente de la Corte de Temuco. Los ojos de la opinión pública estarán puestos en este caso, que podría tener importantes repercusiones en el ámbito judicial y de los derechos humanos en Chile.
