El litio, ese codiciado mineral, se ha convertido en una moneda de cambio en las campañas electorales de Bolivia. Sin embargo, la realidad detrás de esta industria es mucho más compleja de lo que parece. Más allá de las promesas y las acusaciones cruzadas, expertos advierten que los contratos firmados con empresas de China y Rusia por unos 2.000 millones de dólares no necesariamente benefician al país.
Según el Gobierno, Bolivia posee unas reservas de 23 millones de toneladas de litio, la mayoría en el salar de Uyuni. En 2023 se inauguró un complejo industrial estatal con una capacidad de producción de 15.000 toneladas anuales de carbonato de litio. Sin embargo, el problema principal es que tanto las reservas como la técnica elegida para su explotación «no son las mejores», explica José Carlos Solón, investigador de la Fundación Solón.
Desafíos Tecnológicos y de Inversión
A diferencia del salar chileno de Atacama, donde extraer litio «es más sencillo» por las condiciones climáticas, el salar de Uyuni «tiene una alta cantidad de magnesio» y separar ambos elementos supone «un desafío» científico e «ingenieril». Además, se han encontrado «defectos de diseño» en algunas piscinas de la planta industrial, lo que impide su funcionamiento al 100%.
Solón indica que, si bien es normal que una industria tenga un periodo de adecuación, en el caso boliviano la cifra para esta estabilización «no es tan favorable» y actualmente la producción es de solo 3.000 toneladas, «por debajo del 20%» de su capacidad total.
Contratos Cuestionados con Empresas Extranjeras
Para agilizar la anhelada industrialización, el Gobierno de Arce firmó contratos con la compañía china CBC y la rusa Uranium One Group. Estos acuerdos son motivo de discordia en el Legislativo y son rechazados por comunidades indígenas de Potosí, ya que no se les consultó previamente.
Según Solón, lo establecido en estos contratos supone que Bolivia deberá pagar a las empresas «la inversión, los intereses», el costo operativo, la licencia de servicio, pero además tienen una «mala distribución de las utilidades y carecen de estudios de impacto ambiental, entre otros».
¿El Litio, ¿La Nueva Panacea?
Ante las ofertas de traer dólares al país gracias al litio, Solón menciona que las perspectivas más moderadas hacia 2030 hablan de un precio de 15.000 a 17.000 dólares por tonelada. Si se multiplica esa cifra por las 59.000 toneladas que sumarían la planta estatal y lo comprometido por las firmas extranjeras, no se llega «para nada a una cifra similar a la del gas» natural, que hasta hace unos años fue el sustento de la economía boliviana.
El experto advierte que «el litio no es el gas, no nos va a salvar, nos puede quizás permitir diversificar, pero hay otros elementos que hay que observar para lograr pensar en qué es lo que se podría hacer si es que no hacemos más extractivismo».
Los candidatos a las próximas elecciones en Bolivia coinciden en que primero deben conocer el estado real del proyecto de industrialización del litio antes de atraer inversión extranjera. Sin embargo, Solón considera que «están muy lejos de comprender el desafío detrás del litio» y se limitan a «repetir esa intención generalizada de industrialización», pese a las experiencias de los últimos años.
El camino del litio en Bolivia parece estar lleno de más complejidades que promesas electorales. Será crucial que el próximo Gobierno evalúe con cautela los acuerdos y apueste por una estrategia integral que vaya más allá del simple extractivismo.
