En un giro inesperado, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia ha acogido el recurso de apelación y declarado admisible la querella por prevaricación culposa presentada contra el presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre. Esta acción judicial fue iniciada por la abogada Carla Fernández, quien representa a tres exfuncionarios del Ejército condenados por delitos de homicidio y apremios ilegítimos en la causa conocida como «El Polvorín».
Recordemos que, en un primer momento, el Juzgado de Garantía de Temuco había declarado admisible la querella, pero en menos de 24 horas la revocó y la declaró inadmisible. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Valdivia ha revertido esta decisión, estableciendo en su resolución que «la querella interpuesta con fecha 26 de junio de 2025 es admisible».
Juez Investigado por Violaciones a Derechos Humanos
Cabe destacar que el presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, también se encuentra investigando causas relacionadas con violaciones a los Derechos Humanos en el sur del país. Esta situación ha generado preocupación en diversos sectores, ya que se cuestiona la imparcialidad y la objetividad del magistrado en el ejercicio de sus funciones.
Reacciones Encontradas en la Corte
La resolución de la Corte de Apelaciones de Valdivia fue adoptada con el voto a favor de los ministros Juan Correa Rosado y Karina Ormeño Soto, mientras que el abogado integrante Claudio Aravena Bustos votó en contra, considerando que se debía confirmar la resolución de inadmisibilidad.
Tanto la Corte de Apelaciones de Temuco como la de Valdivia se han negado a emitir declaraciones públicas sobre este caso, argumentando que se trata de una causa en proceso.
Implicaciones y Próximos Pasos
La admisión de esta querella por prevaricación culposa abre la puerta a una investigación más profunda sobre las presuntas irregularidades cometidas por el presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco. Este caso pone en tela de juicio la integridad y la imparcialidad del sistema judicial, y subraya la importancia de mantener altos estándares de ética y transparencia en el ejercicio de la función judicial.
A medida que este proceso avance, será fundamental seguir de cerca los desarrollos y las decisiones que se tomen, con el fin de garantizar que se haga justicia y se restablezca la confianza en el sistema judicial.
