En un hecho que ha generado controversia, cerca de 15 familias fueron desalojadas de un predio propiedad de Forestal Arauco en Curanilahue, en la región del Bío Bío. Este desalojo se produjo en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema, que ordenó la medida a solicitud de la empresa, en un predio conocido como «La Colcha».
Durante el procedimiento, se registraron incidentes con la policía uniformada, lo que derivó en la detención de dos personas que no pertenecían a la toma desalojada, sino a otras cercanas al lugar. Según el delegado presidencial del Bío Bío, Eduardo Pacheco, el Gobierno debe ahora buscar hacerse cargo de mejorar las condiciones de quienes se mantenían en la toma.
Las familias desalojadas esperaban poder conversar con Forestal Arauco para explorar la posibilidad de adquirir el terreno de poco más de 9 hectáreas. Sin embargo, la empresa declinó referirse al tema, dejando a los afectados sin una solución clara.
Antecedentes de la Ocupación Ilegal
Este desalojo se enmarca en un contexto más amplio de ocupaciones ilegales de terrenos en la zona. Según informes previos, en Curanilahue se ha detectado una red de aserraderos ilegales que procesó más de $5.000 millones en los últimos 2 años, aprovechando la falta de control sobre las tomas de terreno.
Desde una perspectiva económica, la presencia de estas actividades ilegales en los predios ocupados representa una pérdida significativa de ingresos y oportunidades para la región. Además, pone en riesgo la sostenibilidad de las operaciones legítimas de empresas como Forestal Arauco, que dependen de un manejo responsable de sus propiedades.
Buscando una Solución Justa
Para los consumidores, este tipo de desalojos forzosos plantea un dilema moral. Por un lado, se reconoce la necesidad de hacer cumplir la ley y respetar los derechos de propiedad. Pero por otro, surge la preocupación por el bienestar de las familias desplazadas, que se ven privadas de un hogar y enfrentan la incertidumbre de su futuro.
En este sentido, el llamado del delegado presidencial a que el Gobierno se haga cargo de mejorar las condiciones de los afectados es un paso en la dirección correcta. Será crucial que se busquen soluciones integrales que equilibren los intereses de todas las partes involucradas, priorizando el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas.
Solo a través de un diálogo constructivo y la implementación de políticas públicas efectivas podrá encontrarse una resolución justa y duradera a esta compleja situación.
