En un giro sorprendente, los diputados Hotuiti Teao y Juan Manuel Fuenzalida (UDI) han acusado al Serviu de incumplir una orden de desalojo en un terreno que pertenecía al empresario Alejandro Correa, asesinado en 2020. Según los parlamentarios, el organismo se ha negado a llevar a cabo la demolición de la toma ilegal levantada en el sector de Calicheros en Quilpué, a pesar de que la medida fue ordenada en 2021 por el propio Serviu y ratificada hace un año por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
El diputado Juan Manuel Fuenzalida calificó la respuesta del Serviu, que atribuye a la familia Correa la responsabilidad de ejecutar el desalojo al tratarse de un terreno privado, como «insólita» e «indolente». Desde la defensa de la familia, la abogada Jeanette Bruna señaló que esta omisión prolonga el daño y la vulneración a los derechos de las víctimas, insistiendo en que corresponde al Estado garantizar el cumplimiento de la resolución y no delegar esa tarea en los propietarios.
Los parlamentarios recordaron que el propio Serviu solicitó en marzo al Ministerio de Vivienda un traspaso de $100 millones para concretar la demolición en el primer semestre de este año, lo que no se ha cumplido. Por ello, pidieron que, si la Contraloría confirma irregularidades, se instruya la ejecución inmediata del desalojo y la demolición.
El diputado Hotuiti Teao consideró «incomprensible e insólito que el Serviu insista en que es la familia Correa quien debe ejecutar el desalojo, cuando la misma resolución del propio servicio faculta el uso de la fuerza pública para llevarlo a cabo». A su juicio, esta es una conducta omisiva grave que vulnera un acto administrativo firme y el mandato de la justicia.
La tragedia que envuelve este caso se profundiza aún más, ya que Alejandro Correa fue asesinado en mayo de 2020 fuera de su casa en Concón, crimen que derivó en un proceso judicial con condenas para el autor material y quienes participaron en su planificación.
