La reciente reforma a la ley de fraccionamiento pesquero en Chile ha generado un intenso debate sobre los principios de justicia distributiva y el impacto en la creación de riqueza. Este enfoque recuerda uno de los principales slogans de los Bolcheviques («La tierra para quienes la trabajan») que avivó la Revolución Rusa de 1917, derivando en una orgía de terror, revanchismo y millones de muertos, descrita magistralmente por Orlando Figes en «La Revolución Rusa: la tragedia de un pueblo».
Según la nueva ley, se redistribuye anticipadamente cerca del 30% del total de cuotas de pesca, destinado al procesamiento, hacia el sector artesanal. Esto representa un valor anual estimado superior a los USD 150 millones, de los cuales USD 70 millones corresponden solo a cuotas de jurel. Como referencia, en el escándalo de 2015, SQM reconoció pagos ilegales por unos USD 15 millones para campañas políticas entre 2009 y 2014.
Incentivos Perversos y Cuestionable Justicia Distributiva
Este traspaso anticipado y forzado de cuotas genera al menos dos problemas graves. En primer lugar, debilita los incentivos a crear nueva riqueza, genera incerteza jurídica, desincentiva inversiones y crea ineficiencias económicas. En el caso del jurel, las naves artesanales no pueden operar todo el año ni cubrir todas las zonas de migración de este pez, lo que mermará la producción para consumo humano y reducirá el valor agregado.
En segundo lugar, la supuesta «justicia distributiva» es cuestionable. Los mayores beneficiados son armadores artesanales con grandes lanchas (llamadas «semiindustriales»), cada una valorada sobre $500 millones. Algunos poseen entre tres y cinco de estas. En Chile existen unas 500 de estas naves. En cambio, los conocidos botes amarillos —que vemos en caletas— agrupan al 90% de las embarcaciones inscritas, pero representan apenas el 20% del desembarque artesanal. El resto proviene de los «semiindustriales», cuyas ventas anuales promedian $300 millones por lancha. ¿Podemos seguir llamándolos «artesanales»? Además, no pagan royalty, sus derechos son heredables y sin plazo de vencimiento.
¿Beneficio Público o Privilegio Privado?
La nueva ley de fraccionamiento pesquero parece ser un mal negocio para Chile. Beneficia sobre todo a unos pocos, comprometidos a pagar, de alguna forma, el regalo recibido. Para el resto de nosotros, lo importante es tener claro qué pasó aquí. Y en las próximas elecciones, sacar al pizarrón a los políticos que la promulgaron.
