Cinco años después del primer impulso hacia la legalización de la eutanasia en Uruguay, el país se encamina a votar un nuevo proyecto de ley de «muerte digna» que cuenta con el apoyo del oficialismo y parte de la oposición.
A diferencia del proyecto anterior, que quedó estancado en el Senado tras ser aprobado en la Cámara de Representantes en 2022, el nuevo texto busca despenalizar la eutanasia para mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles o que padezcan «sufrimientos insoportables». La ley también permitiría que ciudadanos uruguayos y extranjeros residentes puedan acogerse a estas disposiciones.
Un Paso Adelante en el Marco Legal
Actualmente, el Código Penal uruguayo contempla una pena de entre seis meses y seis años de cárcel para quien «determinare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo». Si bien el Código permite que los jueces exoneren del castigo a quien cometa un «homicidio piadoso» por súplicas de la víctima, no hay garantías de que esto ocurra.
Además, la eutanasia es rechazada por el Código de Ética Médica del país, algo que la nueva ley buscaría modificar. Cabe destacar que en 2009 Uruguay aprobó la «ley de Voluntad anticipada», que permite a pacientes terminales oponerse a recibir tratamientos que prolonguen su vida.
Impulso y Debate
El actual proyecto de ley de «muerte digna» tiene sus orígenes en 2019, cuando el exgerente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Fernando Sureda, diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), pidió legalizar la eutanasia. Esto, sumado al apoyo de otros colectivos sociales, llevó al entonces diputado del Partido Colorado, Ope Pasquet, a impulsar un proyecto de ley en marzo de 2020.
Posteriormente, en 2021, el diputado del Frente Amplio, Luis Gallo, presentó una propuesta alternativa que finalmente fue fusionada con la del Partido Colorado en julio de 2022, dando lugar al proyecto que ahora se encuentra a punto de ser votado.
Camino Hacia la Aprobación
Pese a que el proyecto fue aprobado en la Cámara de Representantes en octubre de 2022, quedó estancado en la Comisión de Salud del Senado, donde no hubo suficiente apoyo de la entonces coalición de centroderecha oficialista para llevarlo a votación.
Sin embargo, tras las elecciones de 2024 y la asunción del nuevo Parlamento, el proyecto ha sido retomado con algunas modificaciones, como la necesidad de una junta médica si los dos médicos que deben autorizar el procedimiento discrepan. Ahora, se espera que cuente con los votos a favor del oficialista Frente Amplio y de una mayoría dentro del Partido Colorado.
Por el contrario, se prevé que diputados de partidos como el Partido Nacional, Identidad Soberana y Cabildo Abierto voten en contra de la aprobación de la norma.
