En una decisión que ha generado debate, la Justicia de la región del Bío Bío rechazó el recurso presentado por los padres de un niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA) contra el Colegio Alemán de Concepción. Los padres buscaban que se ordenara al colegio reponer el asistente de aula que su hijo de 7 años había tenido el año anterior, cuando cursaba primero básico.
Según el colegio, la figura del asistente de aula está pensada para los primeros años de escolaridad, pero a partir de segundo básico ya no es necesaria, pues el plan de integración del establecimiento puede atender efectivamente las necesidades del estudiante. El gerente del Colegio Alemán, Werner Hohf, afirmó que «la figura de los asistentes de aula, particularmente en el caso del primero básico, está considerada porque vienen del sistema preescolar, pero en segundo básico eso ya no es necesario».
La Ley de Inclusión y el Debate sobre Apoyos Especiales
Los padres del niño habían invocado la Ley de Inclusión, que establece la obligación de brindar apoyos especiales a estudiantes con TEA. Sin embargo, el tribunal determinó que no existía vulneración o discriminación, y que el plan de integración del colegio era adecuado.
Según el abogado de los padres, el voto disidente señaló que las necesidades del niño se mantienen y que, por lo tanto, requiere de un apoyo especial permanente. No obstante, el gerente del colegio indicó que será la Corte Suprema la que resuelva finalmente el conflicto.
Colegio Alemán Defiende su Posición
Uno de los argumentos clave del Colegio Alemán fue que el asistente de aula es una figura pensada para los primeros años de escolaridad, pero que a partir de segundo básico ya no es necesaria, pues el establecimiento puede atender efectivamente las necesidades del estudiante con TEA.
Según el gerente, «la figura de los asistentes de aula, particularmente en el caso del primero básico, está considerada porque vienen del sistema preescolar, pero en segundo básico eso ya no es necesario». De esta manera, el colegio buscó convencer a la justicia de que su plan de integración es adecuado y efectivo, a pesar de la oposición de los padres.
Ahora, será la Corte Suprema la que tendrá la última palabra en este caso, que ha puesto en debate los alcances de la Ley de Inclusión y los apoyos que deben brindarse a estudiantes con necesidades especiales.
