La Defensoría Penal Pública ha emitido una enérgica respuesta a las declaraciones de la abogada María Elena Santibáñez, quien acusó al defensor del exsubsecretario del Interior, Víctor Providel, de cooperar en la exposición de aspectos privados de la denunciante en los medios de comunicación.
Según la Defensoría, los antecedentes expuestos por el fiscal regional Xavier Armendáriz a la Defensora Regional Metropolitana Norte, Daniela Báez, no se condicen con lo afirmado por Santibáñez. La institución expresó su preocupación por las «graves acusaciones» que atentan contra el «ejercicio legal de la defensa y la ética profesional» de sus defensores penales públicos.
Cambio de Defensor Público por Solicitud del Imputado
En cuanto al cambio de defensor público, la Defensoría Penal Pública aclara que esta decisión se tomó únicamente por «una infracción de estándares de defensa o a solicitud del imputado, de nadie más».
Compromiso Institucional de Respetar Derechos Fundamentales
Finalmente, la Defensoría reiteró su «compromiso institucional de prestar defensa penal a todas las personas que enfrentan un proceso judicial y no cuentan con un abogado de confianza, resguardando siempre el respeto a los derechos fundamentales que le asisten a todas personas».
Este caso pone de manifiesto la importancia de mantener la ética y la integridad en el ejercicio de la defensa legal, así como el deber de las instituciones de proteger los derechos de las víctimas y los imputados por igual.
