La Dirección General de Aguas (DGA) en Valparaíso ha multado a la minera Anglo American con 2.450 UTM, equivalentes a unos $168 millones, por la «extracción no autorizada de aguas en el estero Riecillos» durante un período de sequía, según la autoridad. Esta sanción se enmarca en un contexto de redistribución del caudal del río Aconcagua, donde se busca priorizar el consumo humano para el Gran Valparaíso y el litoral norte de la quinta región.
Según el director regional de aguas en Valparaíso, Dennys Mendoza, la investigación que llevó a la multa «tiene más de 1300 páginas» y constata que Anglo American realizó extracciones de agua fuera de los turnos establecidos, afectando a unos 5.000 usuarios en «varios fines de semana de abril y mayo» de 2023. Mendoza explicó que, en épocas de escasez, la DGA genera decretos que solicitan a los usuarios de la cuenca del río Aconcagua llegar a acuerdos de redistribución para asegurar el consumo humano.
La Defensa de Anglo American
Por su parte, Anglo American ha rechazado categóricamente las acusaciones, afirmando que las infracciones «carecen de sustento en los hechos y en el derecho», ya que la compañía «no realizó captaciones en ninguno de los días fiscalizados». La empresa señala que se han comprometido al cierre de compuertas cuando se requiere, y que demostraron esto a la DGA, pero que la prueba «no fue considerada».
Desde Anglo American adelantan que ejercerán acciones para revertir la decisión de la DGA, argumentando que los hechos imputados «que no ocurrieron» habrían sido anteriores a la entrada en vigencia de la ley de delitos económicos. La compañía espera que en una nueva instancia sí exista una revisión de la información técnica y legal proporcionada, la cual, según ellos, demuestra claramente que no existieron las extracciones imputadas.
Implicaciones y Próximos Pasos
Esta multa a Anglo American se produce en un contexto de creciente preocupación por la gestión del agua en Chile, especialmente en regiones afectadas por la sequía. La DGA ha derivado antecedentes al Ministerio Público por eventuales cargos penales relacionados con el caso, lo que podría tener mayores repercusiones para la minera.
El desenlace de este conflicto entre la autoridad y Anglo American será clave para entender cómo se aplican las regulaciones sobre el uso del agua en la industria minera chilena, y cómo se equilibran los intereses de las empresas y las necesidades de la población en tiempos de escasez hídrica.
