La familia del empresario Alejandro Correa, asesinado en 2020, se ha enfrentado a una larga y frustrante batalla legal para recuperar el terreno que le pertenecía y que ahora está ocupado ilegalmente en el sector de Calicheros en Quilpué, región de Valparaíso.
Según el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), la orden de desalojo debe ser solicitada y ejecutada por los propios dueños del predio, ya que se trata de una propiedad privada. Sin embargo, la abogada Jeanette Bruna, que representa a la familia Correa, afirma que la coordinación del desalojo debe hacerse con la Municipalidad de Quilpué, ya que fue esta entidad la que solicitó la orden de demolición de las construcciones ilegales.
Serviu Comprende la Preocupación de la Familia
En una declaración pública, el Serviu reconoció la preocupación y desgaste que esta situación ha significado para la familia Correa. Aseguraron haber avanzado en las gestiones para cumplir con la medida de demolición, pero recalcaron que, antes de proceder, se debe desalojar el terreno, lo cual corresponde a los dueños solicitar y ejecutar.
Minvu Notificó la Demolición y Coordina con Autoridades
Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) señalaron que cumplieron con notificar la demolición de las construcciones ilegales en el terreno y que han oficiado al Serviu para llevar a cabo el procedimiento. Ahora se encuentran tramitando los recursos necesarios para concretar la demolición cuando se den las condiciones adecuadas.
Falta Orden de Desalojo Formal
Según el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, hasta el momento no existe una orden formal de desalojo de las viviendas que ocupan ilegalmente el terreno. Esto complica aún más el proceso de recuperación de la propiedad por parte de la familia Correa.
Coordinación con Municipalidad, Clave para Avanzar
La abogada Jeanette Bruna insiste en que la coordinación del desalojo debe hacerse con la Municipalidad de Quilpué, ya que fue esta entidad la que solicitó la orden de demolición. Esto contrasta con la posición del Serviu, que considera que los dueños deben ser quienes lideren el proceso.
La familia Correa y sus representantes legales se enfrentan a una encrucijada burocrática que les impide recuperar rápidamente lo que les pertenece. Una mejor coordinación entre las autoridades involucradas parece ser clave para avanzar en este complejo caso.
