En un caso que sacude los cimientos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte ha solicitado presidio perpetuo para dos exdetectives, Nicolás Ortega y Sebastián Peredo, por su presunta participación en una red de explotación sexual vinculada al Tren de Aragua.
Según la acusación presentada por el Ministerio Público, estos exfuncionarios de la policía civil habrían estado involucrados en una organización criminal que sometía a al menos 100 víctimas, en su mayoría mujeres, a la explotación sexual en la Plaza de Armas de Santiago. La red operaba en departamentos de las calles Huérfanos y Lira, así como en un hostal en Argomedo, captando a las víctimas y sometiéndolas a un sistema de «multas» que les impedía escapar.
Filtración de Información Clave
El caso salió a la luz gracias a una llamada recibida el 28 de noviembre de 2022, cuando una adolescente venezolana de 17 años que había sido rescatada por la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la PDI recibió una llamada del imputado Ricardo Pinto, quien se hizo pasar por su padre. Esto llevó a las autoridades hasta el cubano Yariel Ulloa, quien a su vez mencionó a «Nico» (Nicolás Ortega) como un funcionario policial involucrado.
«Nos entregaron información sobre funcionarios de la PDI involucrados, que eran ‘sapos’ y que sabían todo lo que pasaba», explicó la fiscal Carolina Suazo, de Alta Complejidad de la zona metropolitana Centro Norte.
Acciones de los Exfuncionarios
Según la investigación, los exdetectives Ortega y Peredo habrían estado proporcionando información confidencial de las bases de datos policiales a la organización criminal, consultando constantemente sobre personas imputadas o vinculadas al caso. Uno de ellos incluso tenía antecedentes por apremios ilegítimos, mientras que el otro había sido sometido a sumarios.
La fiscal Suazo señaló que, gracias a estas filtraciones de información, los implicados que se encuentran prófugos, fuera de Chile y con órdenes de detención pendientes, lograron tomar conocimiento de las diligencias en curso.
Ganancias Millonarias de la Red Criminal
Según la información recabada, la red de explotación sexual captaba mujeres de Chile y el extranjero, sometiéndolas a un sistema de «multas» que les impedía escapar. Los cobros se realizaban de tres formas: una «plaza» de entre $60.000 y $80.000 semanales para ejercer la prostitución, $50.000 adicionales para entrar a una plaza, y una «multa» de entre $3 y $5 millones.
La fiscal Suazo reveló que, considerando solo algunos meses, estas ganancias superaban los $1.700 millones.
Conclusión: Justicia y Transparencia en la PDI
Este caso pone de manifiesto la necesidad de una profunda revisión de los procedimientos y controles internos de la Policía de Investigaciones de Chile, a fin de erradicar cualquier tipo de corrupción o complicidad con organizaciones criminales. La sociedad espera que se haga justicia y que se tomen las medidas necesarias para garantizar la integridad y el profesionalismo de esta institución clave para la seguridad pública.
