En un informe revelador, la Contraloría General de la República (CGR) ha destapado un escándalo que sacude los cimientos del sector público chileno. Según los datos recopilados, más de 13.000 funcionarios públicos asistieron a casinos de juego mientras se encontraban de licencia médica durante el período 2023-2024.
El Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 15 de la CGR detalla que, en total, se registraron 14.923 ingresos a casinos por parte de estos servidores públicos. Las regiones más afectadas fueron O’Higgins, Bío Bío, Valparaíso, Los Lagos y La Araucanía, con un número alarmante de visitas a los centros de juego.
Abuso Generalizado del Reposo Médico
Según el análisis de la CGR, los 13.286 funcionarios públicos que asistieron a los casinos presentaron un total de 14.599 licencias médicas, distribuidas en 799 entidades públicas. Las instituciones más afectadas fueron las Municipalidades (30%) y los hospitales y servicios de salud (29%).
Algunas de las entidades con mayor cantidad de licencias que registraron ingresos a casinos fueron la Junta Nacional de Jardines Infantiles (516 licencias), la Fundación Integra (480 licencias), el Servicio de Salud de Concepción (332 licencias), el Servicio de Salud de O’Higgins (233 licencias), la Corporación Nacional del Cobre (211 licencias) y el Servicio de Salud Viña de Mar-Quillota (182 licencias).
Cruce de Datos y Acciones Legales
La CGR llevó a cabo un exhaustivo cruce de datos entre la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). Esto reveló que, durante el período analizado, la Suseso otorgó 5.235.890 licencias médicas a servidores públicos, mientras que la SCJ informó 218.372 ingresos de funcionarios del Estado a los casinos del país.
Ante esta situación, la Contraloría ha notificado a las instituciones correspondientes para que inicien los procedimientos disciplinarios pertinentes. Además, ha remitido la información al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, así como a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).
Este escándalo pone en tela de juicio la integridad y el compromiso de los funcionarios públicos, socavando la confianza de la ciudadanía en las instituciones. La CGR ha dado un paso crucial para abordar este problema y garantizar la responsabilidad y transparencia en el sector público.
