En un giro inesperado, la Fiscalía y los querellantes en el caso de la trágica muerte del pequeño Tomás Bravo se enfrentan a un plazo límite de menos de 24 horas para presentar un recurso de nulidad que podría revertir la sorprendente sentencia absolutoria dictada por el Tribunal Oral de Cañete.
El pasado 21 de julio, los jueces desecharon el cargo por abandono de menor con resultado de muerte contra Jorge Escobar, el tío abuelo de Tomás. Desde entonces, ha comenzado una cuenta regresiva de 15 días para que la Fiscalía y los querellantes decidan si impugnan o no el fallo.
¿Argumentos suficientes para la nulidad?
Según la abogada Madeleine Gacitúa, quien representó al padre de la víctima, Moisés Bravo, existen argumentos sólidos para solicitar la nulidad de la sentencia. No obstante, la decisión final dependerá de lo que determine el Ministerio Público.
Por su parte, la Fiscalía Regional aún no ha respondido a las consultas de Radio Bío Bío sobre este tema. Lo que sí es claro es que, de no presentarse un recurso de nulidad, la absolución del tío abuelo de Tomás Bravo quedaría firme, y la atención se trasladaría a la segunda arista del caso, que se sigue en la Fiscalía de Los Ríos y también tiene a Jorge Escobar como imputado, pero por el delito de violación con homicidio.
Implicaciones más allá del caso
Este caso ha conmocionado a Chile y ha puesto en tela de juicio la eficacia del sistema judicial en la protección de los niños. La absolución del tío abuelo, a pesar de las evidencias, ha generado un profundo malestar en la opinión pública y ha reavivado el debate sobre la necesidad de reformas legales que garanticen una mayor justicia y seguridad para los menores.
Si la Fiscalía no logra revertir esta sentencia, podría tener graves consecuencias no solo para el caso de Tomás Bravo, sino también para la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia. Es fundamental que se agoten todas las instancias legales para asegurar que se haga justicia y que casos tan trágicos no vuelvan a repetirse.
El desenlace de este proceso será seguido con gran atención por la sociedad chilena, que espera que la Fiscalía actúe con determinación y que el Poder Judicial demuestre su compromiso inquebrantable con la protección de los niños y niñas.
