En una contundente declaración, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, **Jaime Gajardo**, dejó claro que no habrá excepciones cuando se trata de responsabilizar a los funcionarios involucrados en la liberación irregular del peligroso sicario, **Carlos Alberto Mejía**.
Tras conocerse la noticia de que la jueza a cargo del caso, **Irene Rodríguez**, ha sido imputada por el delito de prevaricación culposa, Gajardo enfatizó que tanto los funcionarios del Poder Judicial como de Gendarmería que tuvieron alguna responsabilidad en estos hechos, «tienen que responder por sus actos, ya sea administrativa o penalmente».
Institucionalidad en Acción
El ministro destacó que lo importante para la ciudadanía es que «la institucionalidad está funcionando» para esclarecer quiénes son los responsables y que estos «respondan por sus hechos». Esto, señaló, es fundamental para generar la certeza que la población merece.
Gajardo fue enfático al señalar que «no caben defensas corporativas en este tipo de casos». Es decir, que ningún funcionario, independientemente de su cargo o posición, podrá escudarse en su institución para evadir las consecuencias de sus acciones.
Investigación en Curso
Respecto al avance de la investigación interna en Gendarmería, el ministro indicó que aún no cuentan con antecedentes de que haya funcionarios de esa institución imputados. Sin embargo, reiteró que la premisa es clara: «los responsables tienen que responder por sus hechos».
Esta postura firme del Ministro de Justicia y Derechos Humanos envía un mensaje contundente: en Chile, la ley se aplica por igual, sin importar el cargo o la institución a la que pertenezcan los involucrados. La rendición de cuentas y la transparencia son pilares fundamentales para fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.
