Las autoridades de Irán han anunciado la amputación de las manos de tres personas condenadas por robo en la provincia de Azerbaiyán Occidental. Según el comunicado oficial, los sujetos «no cooperaron con los funcionarios para devolver los bienes y arrepentirse», por lo que se procedió a ejecutar la sentencia.
Sin embargo, la ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que estas medidas constituyen «atroces actos de tortura» y ha pedido que los responsables rindan cuentas penalmente. Bahar Saba, investigadora senior sobre Irán en HRW, declaró que «al amputar los dedos de Hadi Rostami, Mehdi Sharifian y Mehdi Shahivand, las autoridades iraníes han cometido una vez más actos de tortura, poniendo de manifiesto su terrible desprecio por los derechos humanos y la dignidad de las personas».
Según el Derecho Internacional, «infligir intencionalmente dolor o sufrimiento severo como acto de castigo constituye tortura y está estrictamente prohibido». HRW recalcó que «estos actos son perseguibles en virtud del Derecho Internacional y los países con disposiciones de jurisdicción universal deberían investigar y procesar penalmente a todos los funcionarios responsables de ordenar y ejecutar actos de tortura, incluidas las amputaciones».
Desde una perspectiva jurídica, estas mutilaciones podrían considerarse una violación flagrante de los principios básicos de los derechos humanos. Expertos en derecho internacional señalan que, si bien Irán alega que se trata de una sentencia judicial, la amputación de miembros como castigo constituye una forma de tortura que no puede justificarse bajo ninguna circunstancia.
