La suspendida jueza Irene Rodríguez, titular del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, se encuentra imputada por el delito de prevaricación culposa en relación a la liberación irregular del sicario formalizado por el asesinato del conocido como «Rey de Meiggs».
Según fuentes de La Radio, la investigación se centra en una presunta «negligencia grave o ignorancia inexcusable» por parte de la magistrada al resolver la excarcelación de Carlos Alberto Mejía Hernández. La jueza habría cometido un grave error al ordenar la libertad del homicida, a pesar de que existían oficios judiciales que confirmaban su prisión preventiva.
La Defensa de la Jueza
En su descargo ante los medios, la jueza Rodríguez cuestionó el actuar de Gendarmería, argumentando que la institución no cotejó adecuadamente los oficios emitidos por el 8° Juzgado de Garantía. Según la magistrada, la resolución que dejaba sin efecto la prisión preventiva no debía haber llegado a Gendarmería.
Rodríguez explicó que su juzgado había emitido tres oficios ordenando la prisión preventiva de los imputados, incluido el último a las 20:28 horas del 9 de julio que confirmaba la medida cautelar. Sin embargo, afirmó que no había firmado ningún otro oficio posterior que dejara sin efecto la detención del sicario.
«Ese, a mi juicio, fue un error, un error de haberlo remitido a Gendarmería», señaló la jueza, criticando el actuar de la institución penitenciaria por no cotejar adecuadamente la secuencia de los oficios.
Investigación en Curso
La Policía de Investigaciones (PDI) está a cargo de la investigación, que busca determinar si hubo una «negligencia grave o ignorancia inexcusable» por parte de la jueza Rodríguez al ordenar la liberación del sicario vinculado al asesinato del «Rey de Meiggs».
El pasado 26 de julio, el Poder Judicial suspendió de sus funciones a la magistrada, quien ahora deberá responder ante las autoridades por su presunta responsabilidad en este caso.
