En un giro sorprendente, las autoridades bolivianas han detenido a un joven ‘tiktoker’ de 21 años, Juan Carlos V., por supuestamente difundir información «falsa» y «maliciosa» que podría afectar la confianza en el Sistema Financiero Nacional (SFN) del país.
Según la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), el creador de contenido, que cuenta con casi 70.000 seguidores en TikTok, realizó afirmaciones en sus videos que «podrían provocar retiros masivos de depósitos», lo cual está penado con entre 5 y 10 años de prisión.
La ASFI asegura que este tipo de «afirmaciones infundadas y sin sustento técnico y legal pueden ocasionar consecuencias graves para la estabilidad financiera y vulneran el orden económico del país». Sin embargo, el defensor del Pueblo boliviano, Pedro Callisaya, condenó el «uso desproporcionado del poder punitivo del Estado» en la detención del ‘tiktoker’, considerando que «no se puede atentar contra la libertad de expresión de la población boliviana».
Cuestionando la situación económica
En sus videos, el joven influencer ha realizado comentarios sobre la crisis económica que atraviesa Bolivia, marcada por la falta de dólares, la escasez de combustible y el encarecimiento de productos básicos. Incluso ha ofrecido pautas sobre la forma más adecuada de ganar dinero e introducir a sus seguidores en la venta de productos digitales y la obtención de criptomonedas estables como el USDT.
Algunos candidatos, activistas y parlamentarios han condenado la detención del ‘tiktoker’, considerándola un abuso del Gobierno ante alguien que se ha dedicado a dar consejos económicos. Por su parte, el fiscal General, Róger Mariaca, indicó que no se imputará al joven y que podrá recuperar su libertad, aunque el proceso seguirá abierto.
¿Libertad de expresión o estabilidad financiera?
Este caso plantea un delicado equilibrio entre el derecho a la libertad de expresión y la necesidad de preservar la estabilidad del sistema financiero. Mientras las autoridades alegan que las declaraciones del ‘tiktoker’ podrían tener graves consecuencias, los defensores de los derechos civiles argumentan que no se puede limitar la capacidad de la población de cuestionar y debatir sobre la situación económica del país.
A medida que Bolivia enfrenta una crisis económica, este incidente resalta la importancia de encontrar un enfoque equilibrado que permita la libre circulación de ideas, pero sin poner en riesgo la confianza en el sistema financiero. La resolución de este caso tendrá implicaciones significativas para el futuro de la libertad de expresión y la transparencia económica en Bolivia.
