En un giro inesperado, el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, ha calificado de «temerarias» las declaraciones del arquitecto Alejandro Aravena, quien denunció una supuesta intervención de narcotraficantes en el proceso de reconstrucción tras el devastador incendio que azotó Viña del Mar.
Aravena, reconocido por su trabajo en proyectos de vivienda social, afirmó haber observado «desde el otro lado de la quebrada» cómo «gente con sobres» financiaba la reconstrucción, lo que a su juicio evidenciaba la participación del «mundo narco» en esta labor. Según el arquitecto, «a las tres o cuatro semanas fue como si nunca hubiera pasado el incendio» y la zona afectada «estuvo enteramente reconstruida por el mundo narco».
Gobernador Pide Pruebas Concretas
Ante estas acusaciones, Mundaca se mostró cauteloso, señalando que no existen denuncias formales de esta naturaleza en las instituciones especializadas. «Si el arquitecto Aravena tiene antecedentes plausibles, lo tiene que hacer. La responsabilidad que tiene, es entregárselos a la autoridad para definir cursos de acción», afirmó el gobernador.
Mundaca consideró que las declaraciones de Aravena «crean una situación de alarma» si no cuentan con un «sustento claro» y «pruebas» que respalden sus afirmaciones. «Me parece que son declaraciones temerarias, que si no tienen un respaldo gráfico, en el fondo lo que generan es una falsa alarma y una situación de incertidumbre en las personas que hoy día han sufrido de los criminales del incendio», insistió.
Llamado a la Responsabilidad
El gobernador hizo un llamado a actuar con responsabilidad y a presentar los antecedentes a la justicia si se tiene información sobre la supuesta participación del crimen organizado en la reconstrucción. «Lo que corresponde es actuar con responsabilidad. Si esos antecedentes tienen una prueba, un respaldo gráfico, si hacen plausible una investigación (…) evidentemente el tema de inseguridad, el tema de crimen organizado, sin duda se tienen que combatir con la mayor energía», concluyó.
Esta polémica pone de manifiesto la delicada situación que enfrentan las autoridades en la reconstrucción de Viña del Mar, donde se deben garantizar la transparencia y la legalidad de los procesos, al tiempo que se atiende a las necesidades urgentes de la población afectada por el devastador incendio.
